Por la dimensión del expediente y la próxima feria judicial, el debate podría empezar quizá a mediados de 2026.
Los abogados Bruno Jerez y Diego Figueroa, querellantes y actores civiles en la megacausa contra Adhemar Bacchiani y su banda, adelantaron ayer que solicitarán una prórroga al Tribunal Oral Federal de Catamarca para poder acceder al voluminoso expediente.
En rueda de prensa, explicaron que el Tribunal de juicio, presidido por el juez Enrique Lilljedahl, concedió a las partes intervinientes -Ministerio Público Fiscal, defensas y querellas-, un plazo de diez días hábiles para comparecer a juicio, examinar el expediente y los objetos secuestrados, ofrecer la prueba que producirán durante el debate y, de ser necesario, interponer las recusaciones correspondientes.
De los más de veinte querellantes, solo tres -representados por Jerez, Figueroa y Lucio Montero-, presentaron una acusación formal contra los doce procesados.
Las demás querellas -incluida la del abogado tucumano Alfredo Aydar, quien acusó al Juzgado Federal de dejarlo fuera del juicio-, no podrán participar individualmente en el debate. En su lugar, deberán constituir una representación unificada y serán representadas durante el juicio por un abogado del foro local.
"Tenemos una posición privilegiada porque hemos formulado una acusación privada junto con la acusación del Ministerio Público Fiscal para llevar adelante el enjuiciamiento", consideró Jerez.
"Para ofrecer la prueba y hacer una examinación exhaustiva del expediente, con el querellante Figueroa vamos a pedir una prórroga de los diez días que nos dio el Tribunal, porque es imposible que ciento cincuenta querellantes, el fiscal del caso y las defensas puedan llevar adelante el estudio del expediente en tan poco tiempo, dado en días hábiles y comunes", agregó.
En cuanto a las inminentes vacaciones del Poder Judicial, advirtió: "Tenemos presente que no hay detenidos -porque a todos se les venció la prisión preventiva-, y que si los hubiese se levantaría la feria judicial.
Al no haber detenidos -solo Bacchiani, porque fue condenado en Córdoba-, la causa entrará en la feria judicial y en enero de 2026 no la vamos a diligenciar".
Consideró que "las querellas tenemos que organizarnos bien" y dijo que, junto a Figueroa, solicitó una audiencia personal con el fiscal Rafael Vehils Ruiz "para aunar criterios de acusación".
Por su parte, Figueroa remarcó que "la causa tiene un tinte político muy importante porque ha desnudado un sistema de crisis que tienen las instituciones a la hora de prevenir hechos de esta magnitud, que se pueden desarrollar en Catamarca".
Sobre la responsabilidad estatal, apuntó: "Hoy por hoy no sabemos si los organismos estatales están con la posibilidad cierta de frenar un próximo embate de gente que venga a vulnerar la vida a los catamarqueños y a ciudadanos de otras provincias, como ha sido el caso de las criptoestafas con Adhemar Capital y las germinaciones de múltiples empresas del mismo estilo, que captaron los ahorros de cientos de vecinos".
De 3 a 50 años
Consultado sobre la expectativa de pena a la que podrían ser condenados Edgar Adhemar Bacchiani, José Armando Blas, Franco Alexis Sarroca, Zaraive Celeste Garcès Rusa, Lucas Esteban Retamozo, Iván Gonzalo Segovia, Sofía Beatriz Piña, Sofía Esther Aylan, Aldana Valeria Donato, Pablo Daniel Olmi, Franco Javier Brey y Ernesto W. Erdbercher Denett, Jerez dijo que es de entre tres y 50 años de prisión.
Recordó que los integrantes de la banda están imputados con distinto grado de participación por los delitos de intermediación financiera sin autorización agravada, lavado de activos, defraudación a través de un esquema Ponzi y asociación ilícita y remarcó que la escala se aplicará de acuerdo a cómo vaya a ser la sentencia.
"Y eso es lo que como querellantes tenemos que tener presente para seguir una acusación bien fundada y que la pena sea acorde al daño que le hicieron a la sociedad. Por eso es tan importante examinar el expediente", manifestó.
Explicó que en el proceso penal el damnificado puede solicitar un resarcimiento por daños y perjuicios ocasionados como consecuencia del delito cometido por la persona juzgada, y que en su rol de actor civil, "dentro del proceso penal solicitamos una reparación pecuniaria que estimamos va de acuerdo al monto estafado más el daño psicológico y moral, haber incurrido en cesación de pagos, los intereses".
"También está presente la expectativa de los pagos incumplidos y las cuotas que la financiera no pagó, el lucro cesante", relató.
Finalmente, Jerez resaltó que la Justicia debe investigar la quiebra de Bacchiani, a la que calificó de fraudulenta e ilegal, "porque no se puede llevar a la quiebra a una persona con una masa dineraria obtenida de un crimen; sería legalizar algo a partir de un crimen".
A su vez, Figueroa expresó que esa determinación "corre por un canal paralelo. Tal vez podría esa situación de alguna manera incidir si es que del desarrollo de las pruebas durante el juicio se pueda evidenciar que esa prueba es fraudulenta e ilegal porque se ha originado de un delito. Entonces el Fiscal podría pedir que esa quiebra sea declarada fraudulenta".n
Bacchiani benefactor
El exdiputado y concejal electo de la Capital por el partido La Libertad Avanza, Diego Figueroa, presentó un proyecto junto a la diputada Natalia Saseta en noviembre de 2021 para que la Cámara baja provincial condecorara a Adhemar Bacchiani.
La propuesta no prosperó y generó un fuerte revuelo y rechazo en la opinión pública de la provincia. En respuesta a las críticas, Figueroa sostuvo que el proyecto tenía como objetivo promover la educación financiera.
Para justificar la iniciativa, en aquel momento declaró: "Los comercios no trabajaban, los profesionales necesitaban permisos y muchos comercios incluso juntaban los ATP (Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción) de sus empleados para invertir en Adhemar Capital y obtener más dinero ante una inflación rampante, buscando llegar a fin de mes".n
