El jefe de los fiscales cuestionó que el expediente siga en manos del juez González Charvay y sostuvo que no existen elementos que justifiquen esa jurisdicción.
El procurador general de la Nación, Eduardo Casal, respaldó el planteo del Ministerio Público Fiscal para que la investigación por presunto lavado de dinero vinculada a la lujosa mansión de Pilar, atribuida al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, deje de tramitar en el Juzgado Federal de Campana y pase a la Justicia de la Ciudad de Buenos Aires.
En un dictamen presentado ante la Corte Suprema de Justicia, el jefe de los fiscales cuestionó la decisión de la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal, que por mayoría había confirmado la competencia del juez federal de Campana, Adrián González Charvay. Para Casal, esa resolución representa una grave vulneración de las reglas que determinan qué tribunal debe intervenir en una investigación penal.
El procurador consideró que no existen elementos jurídicos suficientes para justificar que el expediente permanezca en Campana. En particular, señaló que no se acreditó que en esa jurisdicción se hayan cometido hechos penalmente relevantes ni que existan otros factores que permitan establecer allí la competencia territorial.
La disputa llegó al máximo tribunal luego de que el fiscal general Mario Villar presentara un recurso para cuestionar el fallo de Casación y reclamar una revisión de la decisión que dejó la investigación en manos de González Charvay.
En su presentación, Casal advirtió que la causa atravesó distintos tribunales y que esa sucesión de planteos sobre la competencia puede derivar en una actividad judicial innecesaria. Por eso, consideró necesario que la Corte resuelva el conflicto con rapidez para evitar actuaciones que después puedan resultar inútiles.
Uno de los argumentos centrales del dictamen apunta a la ubicación de la propiedad investigada. Para Casal, el hecho de que la mansión esté situada en Villa Rosa, partido de Pilar, no alcanza por sí solo para determinar que la causa deba tramitar en los tribunales de Campana.
El procurador sostuvo que, para establecer la competencia territorial, también deben analizarse otros aspectos, como los domicilios de las personas involucradas, el lugar donde funcionan las administraciones de las sociedades investigadas y dónde se realizaron los actos jurídicos vinculados con las maniobras sospechadas.
En ese sentido, cuestionó los reiterados intentos de trasladar el expediente a Campana pese a que, según su interpretación, no se demostró que allí se hubiera desarrollado alguna conducta relevante para la investigación.
También recordó que la Corte Suprema puede intervenir antes de que exista una sentencia definitiva cuando se advierte una vulneración manifiesta de las reglas de competencia y no hay otro mecanismo judicial eficaz para corregirla.
El expediente se originó a partir de la investigación sobre una presunta estructura de lavado de activos relacionada con la adquisición de una propiedad de lujo en Pilar y una flota de vehículos de alta gama. La causa comenzó en los tribunales federales de Comodoro Py, bajo la intervención del juez Daniel Rafecas, luego pasó al fuero Penal Económico, a cargo de Marcelo Aguinsky, y finalmente terminó en el juzgado federal de Campana.
Los principales investigados son Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, quienes aparecen como titulares de Real Central SRL, una sociedad que estaría vinculada al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino.
La hipótesis judicial sostiene que ambos no contarían con ingresos ni capacidad económica declarada que permitan justificar la adquisición y el mantenimiento de los bienes investigados. La propiedad está valuada en aproximadamente 17 millones de dólares.
Otro de los puntos bajo análisis son los vínculos comerciales entre Real Central SRL y la Asociación del Fútbol Argentino. En particular, se investigan pagos por alrededor de 415 millones de pesos realizados a esa firma bajo el concepto de servicios de logística y traslados.
