Los acusados quedaron libres por deficiencias en el pedido de prisión preventiva y resoluciones posteriores.
La familia de la beba de un año y ocho meses que denunció a sus padrinos por presunto abuso sexual pidió ayer, a través de la querella, que se les impongan de manera urgente medidas restrictivas, luego de que ambos recuperaran la libertad por una resolución de la Corte de Justicia.
El planteo fue realizado por los abogados Bruno Jerez y Sebastián Ibáñez mediante una presentación ante el fiscal del caso, Ricardo Córdoba Andreatta. Los querellantes solicitaron que a los sospechosos se les imponga una fianza de 3 millones de pesos o, en su defecto, una caución juratoria. También requirieron la colocación de dispositivos electrónicos de monitoreo en tiempo real hasta que la causa sea elevada a juicio oral.
Según sostuvieron, el pedido se fundamenta en la existencia de un “fuerte riesgo procesal”, debido a que, por la gravedad de los hechos imputados, los acusados podrían intentar evadir a la Justicia o entorpecer la investigación penal.
El padrino está imputado por “abuso sexual gravemente ultrajante calificado por la guarda, en calidad de autor (primer hecho); producción de imágenes de abuso sexual infantil calificado por tratarse de una víctima menor de 13 años, en calidad de coautor (segundo hecho); y tenencia de material pornográfico de menores de edad calificado por tratarse de menores de 13 años, en calidad de autor (tercer hecho), todo en concurso real”. En tanto, la madrina fue imputada por “producción de imágenes de abuso sexual infantil calificado por tratarse de una víctima menor de 13 años, en calidad de coautora (primer hecho)”.
La situación procesal de los padrinos atravesó tres instancias judiciales.
El año pasado, la fiscalía solicitó la prisión preventiva para ambos y el Juzgado de Control de Garantías de Cuarta Nominación hizo lugar al pedido. El juez Marcelo Sago entendió que existían riesgos procesales vinculados con la gravedad de los hechos investigados, la expectativa de una pena de cumplimiento efectivo y la posibilidad de entorpecimiento de la investigación.
La defensa apeló esa decisión y, por mayoría, la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos confirmó la preventiva. Posteriormente, el abogado defensor Juan Pablo Morales presentó un recurso de casación ante la Sala Penal de la Corte de Justicia. La jueza Fernanda Rosales Andreotti votó a favor de los imputados y sus pares, Hernán Martel y Verónica Saldaño, adhirieron a su postura.
El máximo tribunal consideró que no existían elementos de prueba suficientes para sostener la presunción de riesgos procesales. Además, señaló que ni la Fiscalía, ni el juez de Control, ni la Cámara habían analizado medidas alternativas a la prisión preventiva, como cauciones, fianzas o la colocación de dispositivos duales de monitoreo.
La Corte no absolvió a los imputados ni cerró la causa. Lo que resolvió fue anular la confirmación de la prisión preventiva y ordenar a la Cámara que dicte un nuevo pronunciamiento. La querella pidió ahora que se apliquen medidas restrictivas que el máximo tribunal mencionó como alternativas posibles al encarcelamiento preventivo.n