El fiscal Dalla Lasta Baroni cuestionó el intento de evitar el juicio por homicidio culposo con un pago millonario y pidió poner fin a las "absoluciones pagas".
La Cámara Penal Nº 1 de Catamarca, a cargo del juez Fernando Esteban, realizó una audiencia en la que la defensa de un imputado por homicidio culposo agravado solicitó la suspensión del juicio a prueba ofreciendo un millón de pesos como reparación económica.
Durante la audiencia, el defensor Estanislao Reynoso Gandini había ofrecido un millón de pesos como reparación económica para que el acusado vaya a juicio oral. El planteo fue duramente cuestionado por el fiscal Alejandro Dalla Lasta Baroni, quien advirtió que "estos casos deben ser analizados y deben ser deslizados a la luz de un juicio en donde se conozca perfectamente cuáles son las pruebas y cuáles son las sanciones de la aplicación".
El hecho se remonta a 2022, cuando la hermana Isabel González Alonso, de nacionalidad española y Superiora Delegada de América Latina de la Congregación de las Hermanas Franciscanas Misioneras de la Natividad de Nuestra Señora, perdió la vida tras un vuelco sobre la ruta nacional 60, a la altura de San Martín (Capayán). Según la investigación, la víctima viajaba como acompañante en una camioneta que volcó luego de una maniobra temeraria. El conductor, ahora imputado, habría manejado bajo los efectos del alcohol y a exceso de velocidad.
Dalla Lasta Baroni se opuso al beneficio solicitado al considerar que la gravedad del hecho, las circunstancias de conducción imprudente con alcohol en sangre y el impacto social de los delitos viales hacen improcedente cualquier acuerdo económico. "No se puede resolver un homicidio con dinero. La sociedad necesita saber qué pasó y ver que hay consecuencias", señaló el fiscal durante la audiencia.
Antes de resolver, el juez Fernando Esteban ordenó librar un oficio a Buenos Aires para que se realice el informe socioambiental del imputado, una evaluación técnica sobre su situación personal y social. Una vez recibido el resultado, el magistrado definirá si concede o no la suspensión del juicio a prueba.
