La solicitud contra el expresidente fue presentada por Ramiro González. La ex primera dama pidió una pena de 12 años de cárcel.
El fiscal Ramiro González pidió que el expresidente Alberto Fernández vaya a juicio oral en la causa por violencia de género contra su expareja, la ex primera dama Fabiola Yañez. La presentación, elevada al juez federal Julián Ercolini, sostiene que la investigación está concluida y que corresponde que el exmandatario “se siente en el banquillo de los acusados” por delitos que, concursados, podrían significar entre 3 y 18 años de prisión.
El expresidente está procesado por dos hechos de lesiones leves y uno de lesiones graves, todos agravados por el vínculo y el contexto de violencia de género, abuso de poder y amenazas coactivas. También enfrenta cargos por coacciones para impedir que Yáñez denunciara. Según la fiscalía, los episodios se extendieron desde al menos 2016 hasta después de que el expresidente dejara la Casa Rosada.
La acusación, confirmada por la Cámara Federal porteña en abril, sostiene que Fernández ejerció “de manera sistemática” violencia psicológica contra Yáñez, mediante “acosos, hostigamientos, controles, insultos, ninguneos y hostilidad”. El fiscal subrayó que el imputado “se habría aprovechado de una situación de vulnerabilidad preexistente” y que las agresiones ocurrieron tanto en el ámbito privado como en la residencia presidencial de Olivos.
Entre las pruebas, el expediente incluye imágenes difundidas públicamente en 2023 que muestran lesiones en el brazo y en el ojo derecho de la entonces primera dama. Esas fotos, enviadas por Yáñez vía WhatsApp a la secretaria presidencial María Cantero, dieron origen a la investigación. “No existen dudas acerca de los golpes recibidos”, afirmó el fiscal González.
En el requerimiento, de 180 páginas, se incorporaron además mensajes extraídos de manera forense del teléfono de Yáñez y de dispositivos vinculados al expresidente. En esas conversaciones, etiquetadas en la causa bajo categorías como “terrorismo psicológico” o “reconoce violencia”, se registran discusiones, recriminaciones y expresiones de control que, para la fiscalía, evidencian un patrón sostenido de maltrato.
La querella, que representa a Yáñez, adelantó que no aceptará una suspensión de juicio a prueba ni un acuerdo económico, y que insistirá en un debate oral y público. En su denuncia, la ex primera dama reclamó una condena de 12 años de prisión.
El fiscal González recordó que las coacciones incluyeron amenazas referidas a la manutención y la tenencia del hijo en común (Francisco), lo que habría motivado que Yáñez no denunciara antes los hechos. “Se trató de una investigación compleja que la defensa intentó demorar”, señaló. El juez Ercolini, en resoluciones previas, le respondió a Fernández que deje de dilatar la instancia de juicio.
Durante el año que duró la pesquisa, se tomó declaración a médicos presidenciales, personal de la Quinta de Olivos, familiares de Yáñez y allegados, así como a su esteticista. También se analizaron historias clínicas, registros de ingreso y egreso de Olivos, videos y comunicaciones telefónicas desde 2016.
Para la fiscalía, el caso debe encuadrarse como un asunto de derechos humanos de las mujeres, lo que exige —según dijo— un análisis libre de estereotipos que desvíen la atención de “las responsabilidades del agresor”.
“Este marco obliga, por mandato legal y constitucional, a interpretar la prueba considerando contextos particulares, especialmente los ámbitos privados donde se produce la violencia contra las mujeres”, sostuvo González.
Con la etapa de instrucción cerrada, el futuro judicial de Fernández queda en manos de un tribunal oral, que deberá fijar fecha para el debate. Si el pedido de la fiscalía prospera, será el primer expresidente argentino en afrontar un juicio por violencia de género.
