Dispositivo. Centro Juvenil Santa Rosa, para chicos infractores.
Días pasados, desde el Juzgado de Control de Garantías del Tribunal Penal Juvenil se confirmó la prórroga de prisión preventiva para un adolescente imputado por varios hechos contra la propiedad: “Robo doblemente calificado por el uso de arma y por ser perpetrado con escalamiento”, “robo calificado por escalamiento”, “robo calificado por escalamiento” y “encubrimiento por receptación”. Oportunamente se había fijado esta medida por 60 días.
La audiencia fue presidida por el juez penal juvenil Fabricio Gershani Quesada. El Ministerio Público Fiscal fue representado por el fiscal Guillermo Narváez. La defensa del fuero especializado estuvo a cargo del defensor Daniel Véliz, acompañado por la asesora de menores Sandra López Gardel.
El fiscal Narváez había consideró que debía prorrogarse la prisión preventiva. “No existen elementos que hagan mutar la situación fáctica y la participación del imputado en los hechos enrostrados y en relación al riesgo procesal que aún se mantiene vigente”, sostuvo. Para el representante del Ministerio Público Fiscal, existe un riesgo procesal de eludir el accionar de la Justicia y no someterse a la jurisdicción del proceso en el cual transita.
Además, advirtió que el chico presenta un consumo problemático crónico de estupefacientes. “Su actividad delictiva ‘robar’ es para conseguir dinero y de ese modo adquirir sustancias tóxicas. Esa problemática de consumo pone en evidencia que continuará con la actividad delictiva de robar para consumir droga. Es una persona sumamente peligrosa en estado de consumo, para sí y para la sociedad. No demuestra empatía, remordimiento o culpa”, advirtió Narváez.
En tanto que el defensor penal juvenil consideró que no existe un verdadero peligro de fuga. “Él está en el Centro de Detención Santa Rosa. Ahí se encuentra alojado y cumple su alojamiento, en un centro que no cumple con los estándares internacionales para la detención de un menor de edad.
Acá la culpabilidad la tiene el Estado, la tiene el Poder Ejecutivo en cabeza del Ministerio de Seguridad, el Ministerio de Desarrollo, que son quienes no brindan un centro de detención especializado como corresponde”, sostuvo.
Además, dadas estas condiciones, estimó que el adolescente, en este dispositivo, está “en un tiempo inútil”. El defensor valoró –de acuerdo con lo manifestado por el mismo chico- que hay personal bien predispuesto “pero lamentablemente no tiene los recursos o no saben implementar”.
A su turno, la asesora de menores López Gardel coincidió con el defensor Véliz en que el Centro Juvenil Santa Rosa “no es un lugar de alojamiento para una persona menor de edad. No reúne las condiciones”, indicó.
El magistrado resolvió prorrogar la prisión preventiva al adolescente.
En los fundamentos, Gershani Quesada, entre otras cuestiones, dispuso que el Ministerio de Desarrollo Social, máxima autoridad y principal responsable de la integridad física y psicológica del chico, “deberá coordinar esfuerzos y sus recursos con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Seguridad, con el fin de abordar la problemática del joven de manera integral, respetando y garantizando como mínimo sus derechos”.
Al momento de fijar la prisión preventiva, el magistrado había fundamentado que “las modalidades de los hechos cometidos por el joven encartado –delitos contra la propiedad (ingresando a domicilios con sus moradores adentro)- incluyen violencia contra mujeres y lesiones provocadas por el uso de armas, sus antecedentes penales -si bien no computables, pero sí con un número considerable, más de 10-”, detalló.
Ante esta situación, el magistrado consideró que las causas que se instruyen contra el sindicado, las cuales por su número, gravedad y avanzado estado procesal, dan por tierra un pronóstico de excarcelación o de prisión en suspenso. “No sólo por su número, repito, sino también y sobre todo por su gravedad”.
También, había destacado el juez penal juvenil que, de la sola lectura de esta resolución, “surge la necesidad de neutralizar su conducta antijurídica y cada vez más violenta” que lo llevaron a ser detenido en varias oportunidades por delitos contra la propiedad, en la que las víctimas eran niñas, adolescentes o mujeres. “Conducta antijurídica y social que lo ha vuelto una persona peligrosa para sí y para terceros según lo han manifestado las partes y diferentes profesionales, constando en el expediente de medidas asistenciales que corre por cuerda”, precisó.
En relación con el riesgo procesal, el juez penal juvenil advirtió que se han fijado las audiencias para efectuar las pericias psiquiátricas y el chico no compareció. “Tampoco compareció a la pericia psicológica y hasta el momento no se pudo realizar. Se le impuso la obligación de fijar domicilio y no mudarlo y tampoco cumplió. Se le ordenó asistir a la Fiscalía a firmar planilla y no compareció ni una vez. Tampoco realizó el tratamiento por sus graves problemas de adicciones y obviamente no cumplió con la disposición de no reincidir en el delito. Ello sin contar que no estudia hace años, no trabaja ni realiza ningún tipo de actividad útil ni para él ni para la sociedad y su estado social es de absoluta vulnerabilidad, estado casi en situación de calle y abandonado desde muy pequeño por su familia, conforme surge del expediente de medidas asistenciales”, precisó.
