martes 9 de abril de 2024
Tribunal Penal Juvenil

Condena cumplida para el primer joven penado por la Justicia Penal Juvenil

En diciembre de 2020, la Cámara de Sentencia Penal Juvenil lo halló culpable en tres delitos contra la propiedad y lo condenó a cinco años de prisión. El joven fue beneficiado con un estímulo educativo.

“El joven ha cumplido la totalidad de la condena impuesta en la que varias personas fueron víctimas de delitos contra la propiedad mientras que una de ellas resultó gravemente herida. Ya nada le debe a la sociedad en cuanto a lo que este proceso penal implica”, indicó el juez Penal Juvenil Rodrigo Morabito, al momento de concederle la libertad al primer joven condenado por el Tribunal Penal Juvenil.

En 2019, un adolescente de 17 años fue acusado por “robo”, “hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa” y “robo agravado por lesiones”. El hecho más grave por el que había sido llevado a juicio sucedió a principios de septiembre de 2019. Con una botella rota, agredió a una maestra con intenciones de robo. Dadas las lesiones causadas, debió ser intervenida quirúrgicamente. Desde entonces, estuvo privado de la libertad, en el Centro Juvenil Santa Rosa.

En febrero de 2020, el juez Morabito, presidente de la Cámara de Sentencia Penal Juvenil lo declaró penalmente responsable por los delitos que oportunamente se le habían imputado. En aquella oportunidad, había admitido su responsabilidad. Al mismo tiempo, reconoció su adicción a sustancias psicoactivas, desde su niñez. Sin embargo, por entonces tenía 17 años y no podía ser penado. En diciembre de ese mismo año –luego del que joven cumpliera la mayoría de edad-, el magistrado del fuero especializado llevó a cabo la audiencia de imposición de condena. Ambas audiencias, ésta última y la anterior, en la que fue declarado penalmente responsable, fueron las primeras en su estilo dentro del Tribunal Penal Juvenil. En esta audiencia, se le fijó una pena de cinco años de prisión.

Durante un tiempo, cumplió con la condena en el Centro Juvenil Santa Rosa. En el último año, estuvo alojado en el Servicio Penitenciario Provincial. Días pasados, el joven recuperó la libertad, al considerarse cumplida la condena. De acuerdo con información a la que pudo acceder El Ancasti, se le redujeron un mes y 17 días, por “estímulo educativo”, el mismo beneficio que tienen las personas adultas condenadas, según la Ley Nacional 24.660.

Además, mientras estuvo privado de la libertad pudo escolarizarse y finalizar la escuela primaria. Al mismo tiempo, realizó cursos de capacitación y formación.

Esta decisión que hoy tomo, se encuentra en plena consonancia con el objetivo principal de la ejecución de la sanción penal juvenil. Durante el cumplimiento de la sanción, deberán fijarse y fomentarse las acciones necesarias que le permitan, a la persona sometida a algún tipo de sanción, su desarrollo personal permanente, su reinserción en la familia y la sociedad, así como el desarrollo de sus capacidades y sentido de responsabilidad. Deberán brindarse, además, los instrumentos necesarios para la convivencia social, de manera que la persona joven pueda llevar una vida futura exenta de conflictos de índole penal. Para ello, cada institución del Gobierno deberá garantizar los programas, proyectos y servicios destinados a la población sujeta a esta Ley”, indicó el magistrado en la resolución.

Estímulo educativo

En este contexto, se valoró que el Ministerio de Educación a través de la Secretaría de Gestión Educativa, Dirección provincial de Modalidades Educativas certificó que el joven aprobó una capacitación de oficio. Por ello, corresponde una reducción de un mes y 17 días a la pena de cinco años que se le impuso.

“Ahora bien, ese objetivo principal, a su vez, está sujeto al cumplimiento de condiciones mínimas que deben estar garantizados por el Estado: satisfacer sus necesidades educativas, de salud y recreación; posibilitar su desarrollo personal; reforzar su sentimiento de dignidad y autoestima; minimizar los efectos negativos que la condena pueda tener en su vida futura; fomentar, cuando sea posible y conveniente, los vínculos familiares y sociales que contribuyan a su desarrollo personal. De igual forma, la reducción dispuesta, está en consonancia con lo establecido en la misma Ley 5.544; se regula el derecho a la educación y formación profesional de los jóvenes privados de libertad. “El joven ha ejercido su derecho a la educación formal y capacitación profesional, cumpliendo con las exigencias establecidas por las autoridades educativas para la culminación de sus estudios primarios y la formación profesional adquirida”, remarcó el magistrado.

Al respecto, se concluye que aún en la provincia no funcionan dispositivos para alojar a jóvenes acusados y condenados entre los 18, los 21 y los 25 años. “El sistema penal es utilizado reiteradamente para responder ante una escalada de violencia que los jóvenes sumidos en el consumo problemático, la falta de contención, la ausencia de necesidades básicas o derechos fundamentales que los sumergen en la miseria demuestran o explicitan previamente a una conducta transgresora. Esas consecuencias son propias de un Estado ausente que no evita que los niños y niñas sean lanzados a esa miseria privándolos así de unas mínimas condiciones de vida digna e impidiéndoles el pleno y armonioso desarrollo de su personalidad, a pesar de que todo niño tiene derecho a alentar un proyecto de vida que debe ser cuidado y fomentado por los poderes públicos para que se desarrolle en su beneficio y en el de la sociedad a la que pertenece”, reflexionó el juez.

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