En la Cámara Penal de Segunda Nominación, en la jornada de ayer se concretaron dos audiencias de suspensión de juicio a prueba, también conocida como probation. Ambas fueron presididas por el juez Luis Guillamondegui.
En el primer caso, un joven acusado por el delito de “robo en grado de tentativa” se presentó con la asistencia de la defensora Penal Oficial N° 5, Mariana Vera. De acuerdo con información a la que accedió El Ancasti, la denunciante del delito estuvo presente en la audiencia y luego de escuchar la historia de vida del acusado, otorgó la conformidad y aceptó el ofrecimiento de reparación del daño $2.500. Al mismo tiempo, el juez hizo lugar a la petición y en este caso en razón de la tarea que lleva a cabo el probado –trabaja en la prevención del coronavirus COVID-19- lo eximió de tareas comunitarias. El representante del Ministerio Público fiscal aprobó esta medida y argumentó que “quizá sea el que termine salvando las vidas de todos nosotros”.
En relación al segundo de los pedidos, este fue solicitado por la defensora Penal Oficial de Segunda nominación Florencia González Pinto. No obstante, por las características del hecho, lugar, victima, y básicamente por perspectiva de género, la Fiscalía de Cámara se opuso al pedido y requirió que el debate se lleve efectivamente a cabo y se cumpla con la Convención de Belén do Pará. En este caso, el juez Guillamondegui consideró atinada la posición del Ministerio Público Fiscal y no concedió el beneficio ordenando que la causa prosiga según su estado.
