En el ámbito de la Cámara Penal de Segunda Nominación, se realizó una audiencia de suspensión de juicio a prueba, también conocida como probation. Fuentes judiciales consultadas por El Ancasti indicaron que un joven, de 23 años, debía responder por los delitos de “robo” y “resistencia a la autoridad”. Tales, los habría cometido en 2015, cuando tenía 18 años.
A posterior, se vio involucrado en otros hechos, pero, hasta el momento, no registró ninguna condena en su contra. A fin de conseguir este beneficio, el acusado ofreció la suma de $1.000. No obstante, la presunta víctima no compareció a la audiencia. Ante esta situación, el fiscal de Cámara Gustavo Bergesio no se opuso al planteo. Además, consideró que “la inacción judicial lo llevó a delinquir”. Por su parte, Estanislado Reinoso Gandino, defensor Penal Oficial, solicitó que “no se le asigne tareas comunitarias por encontrarse bajo tratamiento contra sus adicciones a los fines de no interrumpir su rehabilitación”. Según la defensa, desde hace un año y cuatro meses está internado bajo tratamiento.
Finalmente, el juez Jorge Álvarez Morales resolvió conceder la suspensión del juicio a prueba. Además, ordenó que se abstenga de consumo de estupefacientes y alcohol y que continúe por un año el tratamiento en forma obligatoria. La suspensión del juicio a prueba es un derecho que la ley acuerda a ciertos y determinados individuos que han sido acusados formalmente de haber cometido un delito o más que darían lugar a la condena condicional. La idea es que se suspenda el trámite del proceso para que el sospechado cumpla con ciertas pautas de conducta y, una vez cumplidas y transcurrido el plazo de suspensión, se resuelva su desvinculación definitiva. Es decir, queda absuelto. La suspensión del juicio a prueba no se puede conceder para todos los delitos ni tampoco a todas las personas sospechadas de cometerlos y, además, se tienen que dar varios requisitos.
