las actividades por cada aniversario fueron declaradas de interés parlamentario

Reconocimiento por Capilla del Rosario

domingo, 19 de agosto de 2018 · 04:00

En la tarde de ayer se hizo entrega del proyecto de Declaración de Interés Parlamentario de las actividades que se realizan cada año en la Capilla del Rosario, por el fusilamiento de 14 combatientes de la Compañía del Monte “Ramón Rosa Jiménez”. El documento fue propuesto y entregado de manera conjunta por los diputados Adriana Díaz (PI) y Daniel Lavatelli en las manos de Noemí Toledo, presidenta de la Casa de la Memoria, y al director de Derechos Humanos de la Provincia, Hernán Velárdez Vaca, frente a un importante número de parientes de los ex guerrilleros quienes cada año visitan la zona en conmemoración a los caídos.

En octubre del año pasado, el procurador fiscal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Eduardo Casal, sostuvo el recurso del fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Javier De Luca, en la causa por la Masacre de Capilla del Rosario y consideró que la Corte Suprema debe revocar las absoluciones dictadas por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal a favor de los tres militares condenados por los homicidios de 14 militantes políticos, cometidos en agosto de 1974. Casal calificó la sentencia del máximo tribunal penal como arbitraria y trazó una analogía con los hechos de la Masacre de Trelew, a los cuales consideró "un indicio serio de vigencia del plan o política" criminal para aniquilar a grupos políticos antes del golpe de Estado de 1976.

El caso llegó a la Corte luego de la queja interpuesta por el fiscal De Luca contra el fallo de Casación que contrarió la sentencia de 2013, en la que los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Catamarca habían condenado a Carlos Eduardo del Valle Carrizo Salvadores, Mario Nakagama y Jorge Exequiel Acosta a prisión perpetua por considerarlos coautores de homicidio doblemente agravado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas en concurso real, en perjuicio de 14 víctimas. En concreto, los camaristas anularon la condena, absolvieron a los acusados y afirmaron que los hechos imputados no podían considerarse como delitos de lesa humanidad, en tanto que no se había probado el ataque generalizado o sistemático contra la población civil.