Dado que la violencia de género es considerada como problemática social, que debe ser abordada desde todos los sectores, como lo indica la Convención de Belem Do Pará, todos los organismos deben proponer estrategias y concretar acciones. Esta Convención tomó estado parlamentario y en más de una ocasión se la pronunció en el ámbito judicial o en sentencias por hechos de violencia de género.
En mayo de 2016 en la Cámara de Diputados, el legislador Luis Alejandro Saadi presentó un proyecto de ley que proponía la creación, en la provincia, de un subsidio especial para las mujeres víctimas de violencia de género. La propuesta entendía por violencia de género a aquella ejercida contra las mujeres por un integrante del grupo familiar, independientemente del espacio físico donde ésta ocurra, que dañe la dignidad, el bienestar, la integridad física, psicológica, sexual, la libertad y el derecho al pleno desarrollo humano. El proyecto establecía que el monto de este subsidio no podrá ser menor al importe equivalente a dos salarios mínimos vitales y móviles o de tres salarios mínimos vitales y móviles en el caso de tener a cargo dos o más hijos. El monto resultante podrá ser percibido por las víctimas en seis a 12 cuotas mensuales y consecutivas, se detalló. Si como consecuencia de sufrir violencia de género la persona afectada presenta algún tipo de incapacidad laboral, la autoridad de aplicación podrá ampliar los montos y/o plazos indicados, se aclaró.
La mujer víctima de violencia que pretenda acceder al subsidio deberá cumplir con algunos requisitos, como tener residencia en el territorio catamarqueño; presentar la denuncia realizada sobre su padecimiento, la indicación de la autoridad judicial interviniente y la acreditación del estado del proceso en sede judicial debidamente acreditado; no convivir con el agresor y no haber sido beneficiada con este subsidio en los últimos veinticuatro meses.
Pese a su espíritu, el proyecto no fue tratado en el recinto y, de a poco, quedó postergado hasta perder estado parlamentario.
