La secretaria de Salud de la Municipalidad de la Capital, Ana Fernanda Lagoria, fue categórica al calificar la iniciativa como “un delito” y advirtió sobre los riesgos de entregar medicamentos sin profesionales habilitados.
Lagoria explicó que existen leyes provinciales y nacionales que regulan la provisión de fármacos y remarcó que el diputado “está infringiendo la ley” al no contar con personal de salud que evalúe a los pacientes. “La gente cree que los medicamentos son caramelos y no es así”, señaló y puso como ejemplo los riesgos de manipular insulina, anticonvulsivos y psicofármacos sin los controles de trazabilidad correspondientes.
A ese rechazo público se sumó la diputada provincial Cecilia Barros, quien manifestó su “enérgico repudio” al proyecto y sostuvo que la propuesta no está “habilitada para promover mecanismos por fuera de toda normativa sanitaria vigente”. La legisladora fue contundente: “La salud de nuestra comunidad no puede transformarse en una herramienta de especulación política ni en un escenario donde se desconozcan normas básicas que existen justamente para proteger a las personas”.
Barros también respaldó la presentación de los colegios profesionales y remarcó que las normas sanitarias “no son caprichosas”, sino que “existen para garantizar seguridad, trazabilidad y control profesional”.
