En los últimos seis años, la Justicia Penal Juvenil en Catamarca comenzó a transitar por una serie de cambios. En materia de niñez, se pasó de un sistema tutelar a un sistema de protección de derechos. Desde 2013 en adelante, los cambios se manifestaron, sobre todo, con la implementación de la Ley Provincial 5.357 de Protección de Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes y, recientemente, con la entrada en vigencia de la Ley Provincial 5.544 de Creación del Fuero Penal Juvenil y Procedimiento Penal Juvenil.
Cuando surgió el Juzgado de Menores, con las Secretarías Penal, Civil y Asistencia y también con competencia en temas de Familia, la primera jueza fue Hilda Seleme Villafañe y ocupó este cargo hasta 1992. Luego, por poco tiempo, la jueza fue Luisa de Guillamondegui y en 1993 asumió la jueza Ilda Figueroa. En 1998 se creó el Juzgado de Menores de Segunda Nominación, que estuvo a cargo de la jueza Ana María Nieto.
Sin embargo, en los 34 años de vida institucional de este Fuero, aunque hubo cambios ‘administrativos’, los problemas sociales persisten y, en algunos casos, empeoraron. Graciela Moreno es psicóloga y actualmente se desempeña en el Cuerpo Interdisciplinario Forense (CIF) del Poder Judicial y durante años fue psicóloga del Juzgado de Menores. Recordó que en la década del 90 las intervenciones que más se efectuaban eran por temas civiles y asistenciales. “No estaba el problema de la droga y los chicos entraban por delitos menores, como hurtos. La mayoría eran chicos en riesgo”, recordó.
Patricia Chanampa y Ricardo Cornejo son dos de los empleados más antiguos de este Fuero y fueron testigos de gran parte de los cambios. “La jueza Figueroa tenía una caja chica, de su bolsillo. Con ese dinero se compraba leche y pañales para los hijos de los chicos infractores porque algunos de muy jovencito eran padres”, contaron.
Ana María Morales, secretaría Penal del Juzgado de Menores de Segunda Nominación, de acuerdo con su experiencia, consideró que persiste un gran problema: “Los padres no pueden contener ni orientar en la educación. La educación es muy importante para los chicos. Siempre se ven múltiples necesidades, madres que buscan ayuda pero no salen adelante y padres ausentes”, precisó.
Tales situaciones se tornan cíclicas. Los empleados, en tantos años de servicio, vieron pasar a chicos que son chicos de padres que en su momento fueron adolescentes infractores y hoy están cumpliendo condena en el Penal. También ven a grupos de hermanos que son clientes del Juzgado. “Los chicos siguen circulando”, indicaron.
Todos coinciden en que la pérdida de autoridad de los padres generó la escalada de chicos en conflicto con la Ley Penal. Hace poco más de 20 años, las causas civiles eran las más graves porque se veía a niños sin la contención de la familia ni del Estado.
Al mismo tiempo, reconocieron que pocos chicos pudieron rescatarse porque tuvieron contención en instituciones intermedias, entre los Juzgados y la sociedad.
“Hay un problema con la droga. Los chicos que tienen causas también tienen problemas de consumo. Internarlos es un problema para los padres. Los padres son los únicos responsables que deben ocuparse de sus hijos y contenerlos hoy, antes y siempre”, destacó Morales.
Entre papeles
Las secretarías Penal, Civil y Asistencial de los Juzgados de Menores trabajaban con chicos infractores, el Registro de Adoptantes o cuotas alimentarias; se asistía a niños víctimas como a aquellos en riesgo y se gestionaba ante problemas de salud o de vivienda. En 2013, con la entrada en vigencia de la Ley Provincial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, las secretarías Civil y Asistencia pasaron a la órbita de la Subsecretaría de Familia del Ministerio de Desarrollo Social. Los Juzgados de Menores solo conservaron la competencia Penal, a fin de dar una respuesta específica a la problemática de los chicos infractores, en coordinación con los organismos del Estado.
Con la flamante Ley 5.544, los Juzgados de Menores pasan a tener otras competencias: Control de Garantías de la Niñez, Tribunal de Sentencia, Apelaciones y Ejecución Penal. Además, tanto la acusación como la defensa serán ejercidas por fiscales y defensores especializados. Así se garantiza el principio de imparcialidad, porque hasta hace poco el juez estaba a cargo de la investigación penal preparatoria. De esta manera, el Juzgado se convirtió en el Fuero Especializado de Justicia Penal Juvenil.
La nueva Ley también dispone, en el Título XI, artículo 181, la creación de un Equipo Interdisciplinario especializado en Jóvenes en conflicto con la Ley Penal dentro del ámbito del Poder Judicial de Catamarca. Este dispositivo estará integrado por profesionales psicólogos, médicos psiquiatras, licenciados en Trabajo Social, psicopedagogos, terapistas ocupacionales o laborales, docentes especializados en educación en contexto de encierro y especialistas en tratamiento de adolescentes y jóvenes con problemas de adicciones. Todos ellos deben acreditar especialización científica en el abordaje integral de la problemática de jóvenes en conflicto con la Ley Penal.
El Equipo Interdisciplinario tendrá deberes y atribuciones para determinar el grado de desarrollo madurativo, psicológico y emocional del adolescente punible, la comprensión del hecho delictivo que se le atribuye y sus consecuencias respecto a su persona, la víctima y otros miembros de la comunidad, entre otras cuestiones.
De niño en riesgo a joven con condena
En el transcurso de la semana pasada, en la Cámara Penal de Segunda Nominación, un joven de 19 años ocupó el banquillo de los acusados. Se lo inculpaba de cuatro delitos contra la propiedad, que se cometieron en 2017. Desde hacía unos meses estaba privado de la libertad en el Servicio Penitenciario provincial, en Miraflores, Capayán.
Frente a los jueces del Tribunal, el muchacho lloró y pidió perdón. La defensora penal oficial Mariana Vera y el fiscal Gustavo Bergesio acordaron pena. Finalmente, fue condenado a dos años de prisión efectiva.
El joven condenado en su niñez había sido cliente del viejo Juzgado de Menores y era asistido por ser un niño en riesgo: no estaba escolarizado, estaba mal nutrido y había comenzado a consumir estupefacientes; tampoco tenía un adulto responsable que pudiera hacerse cargo de su crianza. Luego se convirtió en un adolescente infractor y cometió varios delitos, sobre todo contra la propiedad. Sin posibilidad de insertarse en la sociedad, continuó por este camino y finalmente, recibió la pena de cárcel.
