Raúl Maximiliano Segura ingresó a la sala de debates de la Cámara Penal de Segunda Nominación en libertad y se sentó en el banquillo de los acusados, con una imputación por robo. En febrero de 2016, en inmediaciones de la esquina de las avenidas Choya y México sustrajo las cachas de una moto. En un juicio unipersonal, frente al juez Luis Guillamondegui, confesó el hecho. El magistrado lo condenó, por este hecho, a la pena de un año de prisión efectiva pero, como Segura contaba con un antecedente de tres condenas en suspenso, éstas se unificaron y sumaron un total de tres años de prisión efectiva.
De acuerdo con el veredicto, se ordenó la inmediata detención del joven y su traslado al Servicio Penitenciario de Miraflores, departamento Capayán. A la vez, el magistrado dispuso que Segura continúe, aún privado de la libertad, con un tratamiento para su consumo problemático de sustancias. Según fuentes judiciales, el joven comentó que hace unos meses había comenzado un tratamiento psicológico para tratar su problema.
Si bien contaba con antecedentes, estos no eran computables porque tenían prisión en suspenso. Por ello, no se declaró reincidente. Aunque se trataba de delitos contra la propiedad, habían sido en grado de tentativa, es decir, no se consumaron pero el último, sí. Trascendió que Segura contó que su problema de consumo lo llevó a delinquir y, tras el último robo, se decidió a iniciar un tratamiento médico.
Sentado, por cuarta vez en el banquillo de los acusados, reconoció el delito. Dada la confesión, se prescindió de los testigos. El debate se desarrolló en una jornada. Las fuentes remarcadas señalaron que tras las condenas en suspenso, más aún por su consumo problemático, la pena efectiva era inevitable.
Antecedente
En junio pasado, la misma Cámara emitió un veredicto similar. Dos personas fueron halladas culpables por un robo, que se cometió el año pasado, en la localidad de El Bañado, departamento Valle Viejo. También se dispuso que uno de los condenados reciba un tratamiento intensivo por su problema de consumo de estupefacientes y que una vez que reciba la libertad, continúe con su tratamiento en algún centro de salud público, de acuerdo con lo establecido en la Ley Nacional 26.657 de Salud Mental.
El defensor de este penado, al momento de plantear su alegato, consideró que su patrocinado es un joven “abandonado por la sociedad por su consumo de estupefacientes. Sufre un deterioro importante en su conducta y personalidad”.
En el ámbito de los tribunales penales, con frecuencia suele escucharse en los debates que los imputados se sientan en el banquillo, atravesados por un problema de consumo de drogas y o de bebidas etílicas. Existen otros precedentes en los que además de un castigo, se ordena un tratamiento médico.
