A las 10.50 comenzó el debate en el Tribunal Oral Federal (TOF) de Tucumán contra el ex juez federal Felipe Terán. Quien en otros tiempos fuera un magistrado, debió sentarse en el banquillo de los acusados, imputado por el delito de “enriquecimiento ilícito”. Fuentes consultadas por El Ancasti en Tucumán informaron que sus defensores públicos oficiales, Ciro Lo Pinto y Vanesa Lucero, pidieron que sea absuelto pero el fiscal subrogante Pablo Camuña mantuvo la acusación y pidió una pena de cinco años de prisión.
- El Ancasti >
- Policiales >
Condenaron al ex juez federal Terán a cinco años de prisión
A las 13.10 se pasó a un cuarto intermedio. Los camaristas del TOF tucumano Gabriel Casas, Alicia Noli y Juan Carlos Reynaga pasaron a deliberar y a las 15.22 dieron a conocer el veredicto, con disidencia. Para los jueces, Felipe Terán es culpable y responsable del delito de “enriquecimiento ilícito en su condición de juez federal. Lo condenaron a la pena de cinco años de prisión, más inhabilitación absoluta por el plazo de 10 años y el decomiso de los efectos provenientes del delito por la suma de $1.693.213. A fin de hacer efectivo el decomiso, se resolvió la inhibición general de los bienes del ex magistrado por el monto de $1.693.213. El Tribunal también decidió no hacer lugar al pedido de revocatoria de excarcelación que había planteado el fiscal Pablo Camuña.
Felipe Terán es un ex juez federal de Catamarca. Había llegado a esta instancia luego de que una Auditoría de la Procuración del Tesoro de la Nación -con fecha 25 de agosto de 2005- determinara que en los Juzgados Federal N° 1 y N° 2 -a cargo de Terán- se detectaran irregularidades en el trámite de causas con títulos públicos.
“¿Por qué no presenté antes los papeles que hoy agrego al proceso? Porque me ataron de manos: nadie me los requirió”, se quejó una de las veces que tomó la palabra para dirigirse a sus ex pares Gabriel Casas, Alicia Noli y Juan Carlos Reynaga. “Antes de ser juez (en 1995) ya tenía plata: fui lustrín a los 13 años en la puerta del casino y no me avergüenzo. El supermercado, el bar, la disquería, los estudios jurídicos, los departamentos y los taxis no me cayeron de arriba… Y había muchas cosas más: recibí automotores de parte de los clientes. Si no tenían para pagarme, no los apretaba. Yo sí fui un abogado exitoso, no sé para qué me metí en la Justicia si me iba bien”, reflexionó Terán, en la primera audiencia, el miércoles pasado.
La prosperidad terminó en 2006, cuando el Jurado de Enjuiciamiento lo destituyó y se activaron las causas penales, entre ellas ésta derivada de una denuncia de 2003 del ex fiscal Héctor Abraham Musi. La defensa de Terán insistió una y otra vez con que él llegó a la magistratura con una posición económica sólida. Con ese argumento se pretendía aclarar que existe un incremento patrimonial injustificado de $ 550.000 en el período 1999-2005 (U$S 183.000 a diciembre de ese último año): el corolario se desprende de una peritación practicada por contadores de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, de la Procuración General de la Nación y del propio Ministerio Público de la Defensa de la Nación. Cuatro de los siete peritos corroboraron el miércoles sus conclusiones mientras que Ricardo Sal, experto contable ofrecido por el acusado, intentó explicar las diferencias de criterio que a él lo llevaban a dictaminar que los aumentos patrimoniales están justificados.
Parte de esas discrepancias están motivadas en la valoración de unos alquileres, de la frustrada compra de un departamento, de mejoras en Raco, de la indemnización de la esposa de Terán, Luisa Chiarello, y de la fecha y el monto de adquisición de una propiedad en San Clemente del Tuyú. Pero este miércoles el fiscal Camuña se opuso con éxito a la incorporación “a último momento” de documentos que había llevado Terán para fortalecer su versión. Lo Pinto dijo que el rechazo del TOF a los papeles lo dejaba sin palabras. “Es una arbitrariedad”, protestó.
Antecedente
En 2014, el TOF tucumano lo encontró culpable por el delito de “maniobras delictivas con títulos de la deuda pública” y fue condenado a la pena de tres años de prisión en suspenso y a seis años de inhabilitación para ejercer como abogado. El ex juez federal tuvo su última palabra en la que se expresó inocente y manifestó: "A alguien le toqué los talones con mi denuncia". Esta condena se hacía efectiva una vez que quedara firme.
El ex magistrado había sido destituido por mal desempeño y luego condenado por maniobras con títulos. Con este veredicto, ayer se convirtió en el primer funcionario de la provincia de Tucumán juzgado por la comisión del delito de enriquecimiento ilícito.