La Cámara de Sentencia en lo Criminal de Tercera Nominación fijó un plazo de diez días para que las partes presenten sus pruebas. Los excamaristas están acusados de cobrar una coima.
Imputados. Morales y Da Prá están acusados de cohecho pasivo.
Finalmente, luego de 16 recursos presentados, el expediente de “la videodenuncia” ingresó a la Cámara de Sentencia en lo Criminal para dar continuidad al trámite y realizar el debate oral público. En esta causa, los excamaristas Juan Pablo Morales y Raúl Da Prá fueron imputados por “cohecho pasivo agravado”. Con el expediente de regreso, el Tribunal dispuso la apertura del período de ofrecimiento de pruebas.
Según la resolución firmada por el presidente del Tribunal, la Fiscalía, la querella particular y las defensas técnicas de los imputados tendrán un plazo común de 10 días para presentar la prueba que pretenden incorporar durante el debate oral. La medida alcanza también a Daniel Edgardo Jiménez, imputado por “cohecho activo agravado”.
Los hechos que se investigan habrían ocurrido entre el 5 de diciembre de 2019 y el 18 de febrero de 2020. La acusación sostiene que los exjueces de la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos habrían recibido un soborno de $820.000 para revocar la prisión preventiva de Daniel Jiménez, quien estaba detenido en el Servicio Penitenciario Provincial de Miraflores, departamento Capayán. La prueba clave del caso es un video que mostraría a los excamaristas al momento de recibir sobres que contendrían dinero. Sin embargo, informes de Gendarmería Nacional indicaron que el video habría sido editado, conclusión que coincide con pericias presentadas por la defensa. La denuncia fue presentada en junio de 2020 tras la difusión del video por WhatsApp y correos electrónicos.
En noviembre de 2024, luego de varias instancias, finalmente el expediente ingresó a la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Tercera Nominación. El tribunal estará integrado por el juez natural de esta Cámara, Marcelo Soria y, por inhibiciones, con los subrogantes Elizabeth Cabanillas, jueza de Ejecución Penal, y Lucas Vaccaroni, juez de Control de Garantías. El Ministerio Público Fiscal estará representado por el fiscal de Cámara Miguel Mauvecín y el fiscal de Instrucción Facundo Barros Jorrat.
En el marco de la causa, entre ambas defensas desplegaron una estrategia recursiva sistemática que impidió avanzar más allá de los primeros actos preliminares del debate. Se presentaron 16 recursos, tanto de reposición como de casación, quejas por casación denegada y recursos extraordinarios federales contra prácticamente cada resolución del proceso.
Todos fueron rechazados, tanto por el tribunal como por la Sala Penal de la Corte de Justicia. En la última resolución, la Sala Penal señaló que los agravios eran "conjeturales" y que los planteos solo trasuntaban "una mera disconformidad con lo resuelto".
Según la investigación. Da Prá y Morales habrían recibido un soborno de $820.000 para revocar la prisión preventiva de Daniel Jiménez.
Se difundió el video por WhatsApp y correos electrónicos.
La denuncia formal se presentó ante la Fiscalía de Instrucción de Sexta Nominación, con competencia en Delitos contra la Administración Pública, a cargo del fiscal Facundo Barros Jorrat.
Da Prá y Morales renunciaronn a sus cargos, lo que deja sin efecto el jury de enjuiciamiento iniciado en su contra. La causa penal continuó su curso.
La defensa presenta un recurso ante la Cámara de Apelaciones en lo Penal y de Exhortos. El Tribunal de Alzada -integrado por los jueces Elena Berrondo Isí, Juan Isauro Rosales y Diego Chayle Costilla- lo rechaza por unanimidad.
La causa llegó a la Cámara de Sentencia en lo Criminal de Tercera Nominación. Dado que varios magistrados se inhibieron de intervenir, el Tribunal quedó integrado por subrogación: el juez natural Marcelo Soria como presidente, la jueza de Ejecución Penal Elizabeth Cabanillas y el juez de Control de Garantías Lucas Vaccaroni. Morales recusó a Soria pero la Corte de Justicia lo confirmó. Comienza la catarata de recursos de Da Prá, todos rechazados.
La defensa recusa a Vaccaroni — un año después de haber sido notificada de su integración al tribunal. El propio Vaccaroni, mediante informe, rechazó el pedido de inhibición. El expediente fue remitido a la Sala Penal.
La Sala Penal confirma a Vaccaroni y califica el planteo como "dilatorio" y que "desnaturaliza el instituto de la recusación". La defensa insiste con un recurso extraordinario federal, actualmente en trámite.
