El fiscal federal Santos Reynoso consideró que "no es práctico" el proyecto de ley de desfederalización de la Justicia, que tiene media sanción de la Cámara de Diputados. Consideró que esta experiencia en otras provincias "ha fracasado".
En una entrevista realizada en el programa "Cae el telón" de Radio Ancasti, el fiscal Reynoso no se mostró de acuerdo con el proyecto que impulsa que la Justicia provincial tenga competencia en la investigación del "narco menudeo".
Aclarando que no tuvo acceso al contenido del proyecto, el funcionario judicial recordó que las experiencias que hubo en las provincias que adhirieron a la ley nacional no han tenido resultados óptimos.
"Se han producido contradicciones y superposiciones al momento de las investigaciones a causa de la falta de comunicación" explicó Reynoso y añadió que "va a haber un problema de competencia".
"Cuál va a ser la cantidad (de droga secuestrada), qué se va a tener en cuenta para que investigue la Provincia o para que actúe la Justicia Federal. Cuáles serán los parámetros", se preguntó el fiscal.
El fiscal explicó que la mayoría de las causas en las que intervienen nacen tras la detección del pequeño consumidor o "narco menudeo".
"La competencia sería un inconveniente porque en las investigaciones que se originan a través de los consumidores de escasa cantidad nos permiten hacer un seguimiento y llegar al comercializador de la sustancia estupefaciente y en otros casos al mismo distribuidor o a narcotraficante, que es el que se ocupa del traslado de la droga".
Adhesión
La ley nacional 26.052 está en vigencia desde el 2005 y cuenta con la adhesión de las provincias de Buenos Aires, La Rioja, Entre Ríos, Córdoba, Salta y Tucumán. En tanto que debaten su adhesión Mendoza y Chaco.
Según el proyecto presentado por la diputada Marita Colombo (FCS), se busca que la provincia adhiera al artículo 2, que establece que la Justicia y la Policía provincial tengan competencia en la investigación y juzgamiento de delitos vinculados al tráfico de drogas de escasa cantidad y a la comercialización de medicamentos.
En el artículo 3 del proyecto se prevé la creación de dos fiscalías de instrucción "cuyas estructuras serán determinadas por la Corte de Justicia y la Procuración General".
El miércoles, el proyecto tomó media sanción y ahora la Cámara de Senadores deberá analizarlo.
