Los hermanos Mauricio Rafael y Sergio David Rivero se sentarán en el banquillo de los acusados en la mañana de hoy ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal inculpados del delito de tenencia de estupefacientes para su comercialización. La imputación se originó tras un allanamiento realizado en su vivienda a fines de 2006 en el que se encontró una exigua cantidad de marihuana.
El 15 de diciembre de ese año, luego de poco más de un mes de tareas de inteligencia por parte de la Dirección de Drogas Peligrosas, se realizó un allanamiento en la casa de los imputados ubicada en calle Caseros y Florida, del barrio La Tablada, en donde se encontraron 36 gramos de marihuana escondidos en diferentes lugares de la vivienda. De ese total, diez gramos -dieciocho porros, la mitad de ellos en un envoltorio de papel de diario- fueron encontrados en la boca de Mauricio Rivero, quien ante la presencia de los uniformados habría intentado tragárselos.
Por otra parte, en la vereda del domicilio se halló un trozo de nylon atado en uno de sus extremos con marihuana en su interior y papel para el armado de los cigarrillos. En una de las habitaciones, sobre una mesa de madera, se encontró una bolsa con veintidós bochitas, cuyo peso ascendía a los 28 gramos. Asimismo, debajo de un colchón tirado en el piso había una bolsa de nylon con dos etiquetas de papel para armado de cigarrillos caseros con un porro a medio consumir. En la misma bolsa se encontró una tapita blanca con restos de hierba, además de catorce trozos de nylon e igual cantidad de servilletas de papel. En uno de los dormitorios y en el comedor se descubrieron elementos sospechosos también que fueron secuestrados por personal de Drogas Peligrosas.
La requisa no terminó allí, debido a que en la terraza de la casa entre unos escombros había dos bochitas más con un peso de 2 gramos.
Pese a la escasa cantidad de droga encontrada, los investigadores concluyeron que la forma en la que estaba distribuida y fraccionada, además de otros elementos de prueba, son suficientes para acreditar que la misma estaba destinada a su comercialización. De esta forma, fueron imputados bajo una figura por la que podrían recibir una pena de entre 4 y 15 años de prisión en caso de ser hallados culpables.
Los imputados cuentan con la defensa de Fernando Contreras, mientras que en representación del Ministerio Público actuará el fiscal Víctor Monti.
