El juicio oral fue posible luego de que el miércoles el Tribunal Oral concluyera que Bussi estaba en condiciones mentales de hacer frente a la imputación que pesa sobre él, basándose en un informe de Gustavo Rudelir, del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Rudelir debió ser convocado (vino a Tucumán el martes 29 de julio, ocasión en la que examinó a Bussi) luego de que una junta de seis profesionales tucumanos había determinado que el ex gobernador no estaba en condiciones de comprender plenamente las consecuencias de sus actos.
Como el fiscal Terraf cuestionó las supuestas contradicciones entre las premisas y las conclusiones del informe, el Tribunal Oral solicitó la intervención de los forenses de la Corte y, a partir del diagnóstico de Rudelir, determinó que el militar retirado debía comparecer.
El viernes, Menéndez fue trasladado desde la cárcel cordobesa de Bower, donde cumple una condena de reclusión perpetua, hasta los ex Arsenales Miguel de Azcuénaga de Tucumán (allí será alojado durante el desarrollo del juicio), mientras que Bussi cumple detención domiciliaria en la casa de un familiar. Precisamente, la Justicia Federal lleva adelante una investigación en los ex Arsenales, ubicados en las afueras de la capital tucumana y que fueron señalizados como lugar en el que durante la dictadura militar funcionó un centro clandestino de detención de personas, para determinar si en el sitio fueron enterrados restos de desaparecidos.
Menéndez, de 81 años, entre 1970 y 1973 ejerció importantes cargos en la V Brigada de Infantería, entonces con asiento en Tucumán, y entre 1975 y 1979 encabezó el III Cuerpo de Ejército, del que dependía la unidad tucumana, a la que solía visitar con frecuencia durante la dictadura.
Bussi, de 82 años, encabezó la V Brigada de Infantería entre diciembre de 1975 y 1977 y a partir del golpe de Estado ejerció la intervención militar de la provincia, período durante el cual desaparecieron o fueron asesinadas centenares de personas. Tras la vuelta de la democracia, fundó Fuerza Republicana, partido por el que fue elegido gobernador (1995-1999) e intendente de la capital tucumana -entre otros cargos- en junio de 2003, pero no pudo asumir, porque 15 días antes de la fecha prevista fue detenido por la causa Vargas Aignasse, por la que ahora será finalmente juzgado. En Catamarca
Entre las más de 600 causas en su contra, Menéndez también deberá responder ante la justicia de Catamarca. Recientemente, al resolver un recurso de apelación en el marco de la investigación por el secuestro y posterior desaparición del dirigente sindical Francisco Ponce, su hermana Griselda y su sobrino Julio Burgos, el Tribunal Oral Federal de Tucumán ordenó al juez Federal Ricardo Antonio Moreno que se impute a Menéndez y se fije audiencia de indagatoria. Es que el ex jefe militar comandó la represión ilegal en Córdoba y otras nueve provincias -entre ellas Catamarca, Tucumán y Santiago del Estero- durante la última dictadura militar.
