Las políticas de Estado -es decir, aquellas asumidas como imprescindibles por todas las fuerzas políticas, o al menos las mayoritarias- se cuentan en la Argentina con los dedos de una mano. Los países con las instituciones de la democracia más consolidadas, con mejores perspectivas de mantener una estabilidad política y económica virtuosa, mejor preparados para enfrentar los desafíos y las acechanzas de un mundo siempre cambiante, son aquellos que han logrado definir un número importante de políticas de Estado. Y las respetan a rajatablas al margen del signo político del gobierno de turno.
La vigencia de ese tipo de políticas estratégicas no tiene por qué -mejor, no debe- borrar las lógicas y deseables diferencias que forman parte del pluralismo de las sociedades democráticas. Y hasta es inevitable que haya matices, diferencias en la manera de encarar la gestión de cada una de las políticas de Estado. Pero hay una coincidencia de fondo y esa es precisamente la de que es necesaria impulsarlas.
La escasez argentina respecto de esas coincidencias indispensables explica buena parte de las restricciones que el país tiene para consolidarse como nación próspera y con una estabilidad a prueba de los vaivenes propios de la globalización.
Las causas de esta carencia deben buscarse, por un lado, en la incapacidad para el diálogo que suele, salvo contadas excepciones, prevalecer en la dirigencia política nacional. Pero también en las dificultades de cada fuerza política que ha gobernado la Argentina para diseñar y ejecutar planes de carácter estratégico, proyecto de largo aliento que superen las contingencias de la coyuntura. Mal puede esperarse la concepción de políticas de Estado compartidas si a cada sector político le cuesta, individualmente, construir proyectos de fondos que superen el mero consignismo.
El país surgido de la organización nacional, que en materia económica definió a la Argentina como país agroexportador; el modelo de democracia con mayor representatividad y ascenso de la clase media a la conducción del Estado impulsado por el yrigoyenismo; el industrialista del primer peronismo, son ejemplos de proyectos pensados y ejecutados que, aunque no hayan cumplido alguno de ellos la totalidad de los objetivos que se propusieron, lograron modificar estratégicamente a la Argentina.
Desde la recuperación de la democracia pasaron hasta la fecha, contando el actual, que lleva poco más de medio mandato, y consideran a las tres gestiones kirchneristas como una sola, seis gobiernos de diferentes características, pero que no lograron impulsar transformaciones de fondo, sino apenas cambios parciales y de corto alcance, vinculados con una batería de medidas orientadas a contener la inflación, a promover distribución de los excedentes con criterios progresivos o regresivos, o a definir el rol del estado como regulador, por ejemplo. Pero ninguno de ellos concibió y ejecutó un proyecto de carácter estratégico. Un aliciente es que en la sucesión de estas gestiones desde 1983 se fue gestando la convicción colectiva del nunca más a los golpes de Estado y la necesidad de la vigencia democrática. Esta convicción no es una política de Estado en sí misma, pero sí al menos una visión estratégica compartida sobre el cual construirlas, el desafío pendiente que debe asumir la dirigencia política argentina.n
