Los que estuvieron presentes en la reunión que el presidente de la Nación mantuvo con los gobernadores el pasado martes aseguran que hubo momentos de tensión y desencuentros. La inviabilidad de un consenso unánime respecto de la postura del Gobierno nacional, explicada en la primera semana de gestión y ratificada en los 40 minutos que duró la alocución de Javier Milei en la apertura del encuentro, era algo previsible.
La Libertad Avanza no tiene gobernadores propios, de modo que puede decirse, técnicamente, que todos los mandatarios provinciales presentes se ubican en la oposición política. Sin embargo, algunos pertenecientes a Juntos por el Cambio –o lo que queda de él- han exhibido en las últimas semanas posturas políticas más cercanas a las medidas de ajuste nacional. La cercanía, sin embargo, debe relativizarse. Es que muchos de los anuncios formulados la semana pasada por el ministro Luis Caputo resultan perjudiciales para las jurisdicciones sub-nacionales.
Entre los gobernadores peronistas hay diferencias de criterios. Aunque coinciden en que las provincias deben ser compensadas de algún modo, y ese planteo fue recurrente en el tiempo en que duró la reunión del martes, difieren en la estrategia para lograr esa compensación y también en el modo de relacionarse con las autoridades nacionales.
Gobernadores del justicialismo, encabezados por el de Buenos Aires, Axel Kicillof, difundieron un documento en el que se pronunciaron de un modo muy crítico con respecto al plan económico libertario. El escrito, que tanto el mandatario bonaerense como el formoseño Gildo Insfrán subieron a sus redes, sostiene que "el gobierno comenzó a aplicar un plan económico que incluyó una devaluación del 118%, la más grande de la historia, sin medidas compensatorias para los trabajadores y los sectores medios. Se desencadenó de inmediato una aceleración del proceso inflacionario que afectó el poder de compra de la población". Y agrega que "una devaluación no es solamente un ajuste, sino que implica una descomunal transferencia de ingresos desde los sectores trabajadores, que tienen sus salarios en pesos, hacia los sectores empresariales concentrados y dolarizados".
El documento, que se opone además a la reversión de la quita del impuesto a las Ganancias, proponiendo como alternativa la coparticipación del impuesto al cheque, lleva la firma de ocho gobernadores peronistas, pero en rigor no todos lo suscribieron. Ni Raúl Jalil ni el tucumano Osvaldo Jaldo lo hicieron. Sin embargo, en la publicación de Kicillof e Insfrán aparecían como avalando la posición. Una avivada que se desarticuló rápidamente, cuando desde el entorno de Jalil e Jaldo aclararon la situación.
La postura del mandatario catamarqueño, y la del tucumano también, guarda mayor afinidad con la del salteño Gustavo Sáenz y el cordobés Martín Llaryora, los tres que oficiaron como voceros ante la prensa, junto con el ministro del Interior, Guillermo Francos, una vez culminada la reunión con el presidente. Jalil afirmó que hay que "terminar con la cultura de la polémica y empezar con la cultura del diálogo" y Gustavo Sáenz dijo que los gobernadores van a "acompañar" lo que tengan "que acompañar". Y en la misma línea, Llaryora aseguró que "todos los gobernadores, más allá de los partidos políticos y las diferencias ideológicas, le manifestaron al Presidente que lo querían acompañar” y que "la grieta tiene que ser parte de la historia".
En un clima de fuerte tensión política, la postura conciliadora, que no implica necesariamente adhesión al proyecto nacional, aparece como una alternativa razonable, más teniendo en cuenta que el nuevo gobierno lleva menos de dos semanas de gestión.