Por Antonio Rodriguez Bolillo (*)
El otro día hablando con mi madre, ella me preguntó ¿qué es un DESCA? Yo le respondí que DESCA es un acrónimo que representa a los Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales. Le dije que estos son Derechos Humanos que protegen a la persona desde una mirada integral y social. No obstante, mi respuesta no pareció convencerle. Es esa duda, la de mi madre, la que me invita a redactar esta columna.
En ese momento debí decirle que los DESCA eran primero tres y después se le sumó otro: A (Ambientales). Es por esto que el Pacto Internacional donde están reconocidos por primera vez –allá en 1966– se llama PIDESC y no PIDESCA.
Después le tendría que haber comentado que surgen desde la certeza de que “no puede realizarse el ideal del ser humano […] liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales” (Organización de las Naciones Unidas, 1966).
Le tendría que haber contado que durante mucho tiempo se dijo que los DESCA no eran “verdaderos derechos”, sino simplemente metas que el Estado debía de alcanzar. Se señalaba que como costaban mucho no podían ser derechos.
Pero a esto, los defensores de los DESCA respondieron: las elecciones también tienen un costo, hay un megaoperativo que convoca a millones de personas y representa una gran inversión estatal, pero nadie duda que el derecho a votar sea un derecho, y no una simple meta.
Debería haberle mencionado que la última vez que se modificó nuestra norma provincial más importante –allá en el 1988–, la Constitución Provincial de Catamarca, uno de sus principales objetivos fue agregar a su texto el reconocimiento de los DESCA que por aquel entonces seguían siendo DESC. Esto nos convirtió en una de las primeras provincias de Argentina en reconocerlos (Cabral, 2016, p. 1260).
Tendría que haberla invitado a leer el preámbulo, para que se diera cuenta de que siquiera antes de leer el primer artículo de los casi trescientos que tiene nuestra Constitución, los representantes del pueblo catamarqueño asentaron que se habían reunido con la finalidad “de adecuarla a las necesidades actuales, especialmente, para incorporar los derechos sociales y económicos no contemplados en ella” (Convención Constituyente de Catamarca, 1988).
Le debería haber enseñado que nuestra Constitución dedica gran parte de su texto a reconocer cinco grandes derechos: vivienda, trabajo, ambiente, salud y educación, que forman parte de los DESCA.
Así también, tendría que haberle hecho notar que registra a cinco grupos históricamente vulnerados y le da una serie de derechos “especiales” (trabajadores, mujeres, niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad). Pero con tristeza le tendría que haber reconocido que se olvidaron de las comunidades originarias (Bertolone y Ávila, 2025, pp. 182-184).
Y mi madre seguro que me retrucaría diciéndome: “eso son cosas del siglo pasado, dudo que sigan siendo actuales y seguro fue producto de la locura de nuestros convencionales del momento”.
A lo que le tendría que haber comentado que hace no mucho –allá en 2015–, en la misma asamblea donde nació el PIDESC, se reconocieron una serie de objetivos y metas que conocemos como Objetivos de Desarrollo Sostenible (también conocidos por su acrónimo “ODS”) y forman parte de la tan mencionada Agenda 2030.
Esta agenda mundial, junto a la lucha de muchos grupos, hizo reflotar ya no el reconocimiento de los DESCA sino también su exigibilidad. Al punto tal que la Corte Interamericana de Derechos Humanos –aquella Corte de nuestra región que nos protege de los desconocimientos de nuestros Estados– en 2017 reconoció por primera vez la violación a los DESCA (Courtis, 2019, p. 805).
Espero así me hubiera creído que los ODS son muy buenos amigos de los DESCA y comparten la misma utopía: un mundo con menos desamparados y menos desigualdades.
Seguramente, llegado a este punto, a mamá le surgiría la siguiente pregunta: qué son los ODS y cómo nos afectan. Pero esa respuesta deberá esperar a la siguiente reflexión para mi madre.
(*) Antonio Rodriguez Bolillo. Estudiante Avanzado de la Facultad de Derecho – UNCA. Ayudante Alumno de la cátedra de Derecho Constitucional y DD HH II