El debate por la detención de los hermanos Sosa Soler a la salida de la fiesta de Año Nuevo realizada en Wika ha alumbrado dos bandos bien definidos: de un lado los que condenan la conducta de la Policía y quienes lo justifican del otro porque, sostienen, fue una reacción a las provocaciones de “niños bien” envalentonados por las copas.
El discurso sobre la deficiente formación policial y la prepotencia con que suelen conducirse los policías carece de componentes novedosos. No obstante, en Catamarca han ocurrido episodios más graves que el de la madrugada del domingo sin que se armara tanto alboroto. Mucho más graves.
Baste recordar que el asesinato de Diego Pachao estuvo una década circulando en los pasillos de tribunales, bordeó la impunidad y el delito por el que fueron condenados los policías de la Comisaría Séptima, recién se tipificó como torturas con el cambio de carátula en medio del juicio oral y público. Otro ejemplo es el caso de Ricardo Paucará, que recibió una paliza brutal en 2015 y todavía espera alguna definición de la Justicia.
Las denuncias por apremios ilegales son, por otra parte, una constante, lo mismo que los hechos de violencia y violencia de género que involucran a policías, como el del femicidio de Cinthia Aranda a manos de su expareja Diego Gastón Ortega en Saujil.
Vale decir que la Policía catamarqueña hizo y hace suficientes méritos para ganarse la fama de violenta que tiene.
Tal fama no habilita, sin embargo, adelantar juicio sobre lo ocurrido puntualmente en Wika, donde hay otros elementos que conviene considerar.
La refriega se desató cuando los policías detuvieron a Augusto Sosa Soler, de 28 años y su hermana, de 22, intentó impedirlo.
Según los policías, Sosa Soler fue reducido porque se negó a acatar la orden de retirarse del lugar. Obra en el expediente, además, la denuncia del jefe del operativo en contra de la madre de los hermanos detenidos, que es funcionaria judicial, se apersonó inmediatamente en el destacamento y habría amenazado con hacer valer sus influencias para sancionar a los policías involucrados, incluso hacerlos echar de la fuerza. La mujer radicó luego una queja formal ante la Jefatura de Policía, que dio intervención a la división de Asuntos Internos y trasladó a dos mujeres policías del destacamento.
La investigación judicial está a cargo del fiscal Jonathan Felsztyna, quien debe deslindar responsabilidades cotejando las versiones cruzadas en un clima enrarecido por las intervenciones políticas y las declaraciones tajantes.
El asunto es determinar qué pasó en Wika despojándose de pasiones y prejuicios, para establecer si la acción de los policías fue tan arbitraria como los detenidos aseguran.
Que hay policía brava no puede negarse, pero tampoco que hay provocaciones. Puede argüirse, razonablemente, que la Policía debe estar preparada para resistirlas, pero es preciso en este caso contextualizar el episodio.
Instigar resentimientos sociales con reconvenciones clasistas a los supuestos “niños bien” resulta tan irresponsable como adelantar repudios sin considerar todos los factores en juego en este caso en particular.
El hecho de que los jóvenes detenidos sean hijos de una funcionaria judicial hace que alcanzar un equilibrio entre ambos extremos sea todavía más imperioso, para evitar equívocos.
La prudencia debe primar para evitar que prospere la impresión de que la autoridad policial puede ser menoscabada por privilegios de cualquier tipo, porque esto se traduce en una reticencia de los efectivos a intervenir en situaciones potencialmente peligrosas para preservarse de eventuales sanciones.
Mucho más cuando otros incidentes con protagonistas menos encumbrados no ameritan tantas tensiones, o en zonas como el Alto Fariñango se suceden patoteadas salvajes –hubo una mortal- sin que la Policía esté presente.