Una carta abierta a legisladores nacionales difundida por Cáritas Argentina y dos comisiones de la Conferencia Episcopal recoge inquietudes que atraviesan a amplios segmentos de la sociedad respecto de un proyecto impulsado por el ministro Federico Sturzenegger, particularmente en lo referido a la eliminación de los límites a la adquisición de tierras por parte de extranjeros y a la flexibilización de las restricciones sobre terrenos afectados por incendios. La iniciativa forma parte de una reforma más amplia sobre el régimen de propiedad privada que actualmente se encuentra bajo análisis legislativo.
Temas tan sensibles como la propiedad de la tierra no deberían resolverse mediante tratamientos apresurados ni debates limitados a los especialistas. Temas tan sensibles como la propiedad de la tierra no deberían resolverse mediante tratamientos apresurados ni debates limitados a los especialistas.
La preocupación expresada por la Iglesia merece ser considerada sin prejuicios. La tierra no constituye un bien cualquiera, sino un recurso estratégico vinculado a la producción de alimentos, a la preservación de recursos naturales, a la ocupación efectiva del territorio y, en última instancia, a la propia soberanía nacional. Por esa razón, numerosos países, incluso aquellos identificados con economías abiertas y orientadas al mercado, mantienen regulaciones específicas sobre la adquisición de grandes extensiones de tierra por parte de actores extranjeros.
Algo similar ocurre con la modificación de las normas vinculadas a terrenos afectados por incendios. Las restricciones actualmente vigentes fueron concebidas para desalentar maniobras especulativas que pudieran encontrar en el fuego una herramienta para alterar el uso de los suelos o facilitar determinadas operaciones de especulación inmobiliaria. La mera existencia de dudas sobre las consecuencias de una flexibilización debería bastar para exigir un análisis particularmente cuidadoso.
La calidad de una democracia se puede evaluar a partir de la disposición a debatir las propuestas estratégicas con amplitud, transparencia y tiempo suficiente. Y precisamente ese parece ser el principal déficit que rodea esta discusión. Temas tan sensibles como la propiedad de la tierra, la protección de los recursos naturales y las condiciones de aprovechamiento del territorio nacional no deberían resolverse mediante tratamientos apresurados ni debates limitados a los especialistas o a los actores políticos directamente involucrados.
Las decisiones que se adopten en esta materia proyectarán sus efectos durante décadas. Afectarán no solo a los actuales propietarios o inversores, sino también a generaciones futuras. Por ello, el Congreso tiene la responsabilidad de garantizar una deliberación profunda y plural.
No pueden aprobarse iniciativas de esta naturaleza, cuyas consecuencias son estratégicas para el país y perdurarán mucho más allá de cualquier gobierno, a las apuradas y sin un amplio debate público. Antes de votar, los legisladores deberían asegurar que la sociedad conozca en detalle el alcance de las reformas propuestas y disponga de la información necesaria para opinar sobre ellas con conocimiento y solvencia.
