La jueza de Nueva York, Loretta Preska accedió a que el Estado argentino difiera el pago de los 16 mil millones de dólares que debe por la defectuosa estatización de YPF hasta que la sentencia quede firme, pero a condición de que las acciones que el Estado tiene en la petrolera queden como garantía junto a los créditos que Paraguay adeuda a la Argentina por Yacyretá.
De este modo, se perfecciona el perjuicio devenido de la orden de estatizar YPF bajada en 2012 por Cristina Kirchner como presidenta y ejecutada por su entonces secretario de Política Económica, Axel Kicillof. La mala praxis, muy sospechosa por lo inaudita, dejó al país en extrema vulnerabilidad judicial.
Se necesitaría una YPF y media para pagar los 16.000 millones de dólares de la indemnización ordenada por Preska por la estatización del 51% del paquete accionario. Como las acciones estatales de YPF quedaron como garantía hasta que se defina la apelación al fallo de Preska, llegado el caso el Estado nacional tendrá que ponerse con la millonada o sus acreedores se quedarán con las acciones.
Es decir: gracias a Cristina Kirchner, Axel Kicillof y el modo en que llevó adelante el litigio el Procurador del Tesoro Carlos Zannini, YPF podría pasar a manos privadas de hecho sin que el Estado nacional reciba un solo dólar a cambio, con un agravante: eso no le alcanzaría para cubrir el total de la deuda, o sea que seguiría debiendo una fortuna.
En nombre de la soberanía, CFK y Kicillof entregaron YPF por migajas, sin privarse Kicillof de calificar como “estúpidos” a quienes sugerían atenerse a los reglamentos de la compañía. Estos absurdos procederes, es justo recordarlo, fueron avalados por una aplastante mayoría en el Congreso.
La cuestión fue abordada por Bernardo Saravia Frías en la edición de ayer del diario La Nación.
Consigna que la sentencia que condenó a la Argentina a pagar los 16 mil millones de dólares “era ejecutable” desde que la jueza Preska la dictó. “El modo de impedirlo –explica- era requerir un ‘stay’: que quede pendiente la ejecución hasta que confirme o no la cámara de apelaciones. La regla es exigir garantías al condenado, de las que suele exceptuarse a los Estados”.
La Argentina pidió el stay y la excepción a la regla, pero los acreedores recordaron el inquietante historial del país desde 2001 “y todos los sucesivos incumplimientos”.
“La jueza –señala Saravia Frías- nos dio la razón sin dárnosla: concedió el ‘stay’ pero exigió que las garantías sean las acciones que el Estado ostenta en YPF y los créditos de Yacyretá. Aquí está el truco de la magistrada, metiendo a YPF por la ventana (había quedado fuera de la condena). Asumiendo una sentencia confirmatoria adversa, habrían sido dos los caminos posibles: no cumplir quedó clausurado porque perderíamos YPF de hacerlo, tras una simple ejecución de la garantía; cumplir, para lo que generalmente se recurre a bonos que postergan el pago con una tasa de interés razonable, también cerrado: ¿por qué aceptarían algo así los demandantes si tienen las acciones de YPF al alcance de la mano?”.
“Lo que parece un mero paso procesal significa consecuencias gravísimas para el fisco, la política internacional del gobierno entrante, YPF y el bolsillo de los argentinos. Estamos ante una posible privatización de facto, sin que entre un peso al Estado, que aun así seguiría debiendo. Las mismas acciones por las que pagamos 11.000 millones de dólares a Repsol (a valor presente) servirían para pagar a los que no fueron expropiados para cumplir la condena”, concluye.
Fueron los desvaríos ultrakirchneristas, no la malevolencia de los conspiradores y entelequias internacionales a los que ese sector echa mano siempre para justificar incompetencias y corruptelas, las que colocaron a YPF en la cornisa de la enajenación.
Como para acordarse de la inflamada verba de Kicillof, que ahí sigue de gobernador en Buenos Aires y preguntarse quiénes fueron, al final, los estúpidos.n