Suele recurrirse en los períodos electorales al concepto de la ola, a la que asigna carácter benéfico o amenazante de acuerdo a los posicionamientos coyunturales. Hay que procurar subirse o conviene apartarse de las famosas olas conforme uno espere que su inercia lo lleve a buen puerto o lo precipite en el naufragio.
En la última campaña, por ejemplo, la oposición catamarqueña agrupada en Juntos por el Cambio esperaba beneficiarse con la ola que, suponía, se produciría con el seguro triunfo de sus candidatos a la Presidencia.
Contribuía a este optimismo que el gobernador Raúl Jalil hubiera decidido hacer las elecciones provinciales en simultáneo con las nacionales, decisión que parecía mucho más insensata a propios y extraños en cuanto la comparaban con la de la mayoría de sus colegas peronistas, que habían desacoplado sus comicios y sus destinos de los de un Gobierno nacional devaluado. Es decir: también inspirados por metáforas marítimas, los gobernadores habían preferido ponerse a resguardo de la ola.
Jalil ganó por más de 30 puntos de diferencia, por diferentes motivos. Entre ellos se destaca la vocación más meteorológica que política de sus antagonistas, que de tanto esperanzarse en las providenciales olas nacionales subestimaron la importancia de diseñar un esquema provincial consistente y, para colmo, fallaron también en el pronóstico: no fue ola sino tsunami y los que la surfearon, dejándolos terceros, fueron los ignotos candidatos catamarqueños de Javier Milei. Capaz que a Juntos por el Cambio le iba mejor si contrataba los servicios de los Cazadores de Tormentas.
Problemas de mayor alcance y más ardua resolución surgen cuando no es posible especular con las olas nacionales. Pasa ahora, con la ola del ajuste que es producto del efecto combinado entre el desastre económico que dejó la gestión anterior y las medidas de shock tomadas por Milei.
Los despidos en la exNeba son el primer impacto de esta sinergia. La ola nacional, esta vez, deja muy escaso margen para hacerse a un lado. El Gobierno provincial debe indefectiblemente navegarla, oponerle quizás diques, con una Casa Rosada reticente a prestar auxilio.
Esta inquietante escena se oscurece aún más con la caída de los ingresos por coparticipación federal y la negativa de la gestión Milei a compensarla de algún modo, que ha tomado en el tramo final de las tratativas por la Ley Ómnibus aristas de declaración de guerra a las provincias. Para el ministro de Economía Luis “Toto” Caputo, las provincias son responsables del 50% del déficit fiscal que pretende llevar a 0 para fin de año.
El gobierno de Jalil, revalidado con cifras contundentes, se ve obligado a reinventarse frente a una administración nacional no solo de signo político distinto, sino hostil.
Si la Presidencia se negó a retirar del grupo de empresas que quiere privatizar a YMAD, en la que el Estado nacional no tiene participación accionaria ¿qué reacción esperar para los efectos sociales que puedan tener sus medidas de ajuste?
Es un gran interrogante que se cierne como presagio. Las políticas de estímulo a la industria en Catamarca fueron posibles por la sintonía entre las gestiones nacional y provincial, que destrabaron recursos económicos y financieros para sostenerlas. Esta relación se ha modificado radicalmente.
Más allá del intercambio de imputaciones y los diagnósticos, el gobierno provincial tiene la responsabilidad de establecer blindajes tendientes a atenuar el impacto de la crisis.
Esta ola no deja espacio para especulaciones.n