La política de desfinanciamiento a las provincias que Javier Milei profundizó tras el fracaso de la Ley Ómnibus en la Cámara de Diputados tiene su primer conflicto serio en el frente educativo, tras el anuncio oficial de que la Casa Rosada no girará los recursos del Fondo de Incentivo Docente ni convocará a paritaria nacional para establecer la pauta salarial que históricamente sirve de referencia para la discusión en las provincias.
“En principio la Nación no lo va a transferir porque es un fondo que no tiene existencia hoy, no existe”, dijo el vocero presidencial, Manuel Adorni.
Tampoco existe, añadió, la paritaria nacional y no está definido aún si habrá un llamado para esa instancia de parte del Ejecutivo.
“Recordemos que los salarios dependen de los gobernadores. Cada jurisdicción es libre de pactar el salario que desee. Los docentes de la Argentina dependen de las provincias y la Ciudad, están en libertad de pactar el salario que pretenden o que consideran justo para iniciar las clases. El Gobierno promueve siempre que los días de clases se cumplan y que todos los argentinos puedan hacerlo, independientemente de la paritaria o la discusión salarial, que es relevante, pero se debe dar con las provincias”, explicó.
La confirmación de que cualquier aumento salarial docente dependerá exclusivamente de las posibilidades para financiarlo que tenga cada provincia puso en pie de guerra a los sindicatos nacionales del sector, en un movimiento que inicia las réplicas a nivel local. La puja se exacerbará.
En el caso concreto de Catamarca, las proyecciones oficiales de la poda que aplica la gestión libertaria son tétricas: el agujero fiscal por la conjunción de recortes y caída de la coparticipación podría alcanzar los 10.000 millones de pesos mensuales.
Aparte de los salarios, hay que considerar los gastos de funcionamiento del Estado para obligaciones indelegables como la propia educación, la salud pública, la asistencia a los sectores vulnerables a los que se suman nuevos expulsados por el rigor del ajuste y la seguridad. Además, está el financiamiento a programas que vinieron atemperando hasta ahora el impacto de la inflación, como el Días de Ensueño, o las políticas de estímulo a la industria y el comercio local.
La movilización docente de ayer y el estado deliberativo en la Policía prefigura una escena de metástasis de los conflictos.
Los cuatro gremios docentes que forman parte de la CGT emitieron ayer un comunicado advirtiendo que "sin paritaria nacional no comenzarán las clases en todo el país”. Acusaron a Milei de instalar "una situación de disolución del Sistema Educativo Nacional" y anticiparon: "No permitiremos reducciones salariales, ni el incumplimiento de las Leyes conquistadas".
"No se puede construir positivamente a partir del incumplimiento de una de las partes, que además esencialmente tiene la obligación debe cumplir con el artículo 10 de la Ley 26.075 de Financiamiento Educativo, que establece la convocatoria a la Paritaria Nacional Docente", consignaron.
La guerra declarada por Milei a los gobernadores escala. El Presidente parece dispuesto a gobernar sin el respaldo del Congreso y las estructuras políticas tradicionales, solo admite una posible fusión con el PRO ultramacrista cuyo formato no termina de definirse.
La falta de capilaridad territorial de la Libertad Avanza es una de sus carencias principales frente a la gravitación de los gobernadores, a los que pretende domesticar a fuerza de recortes presupuestarios. Una de las vías que tendría disponible para tratar de neutralizar esta desventaja son las delegaciones provinciales de los organismos nacionales, en los que tienen puesto el ojo los referentes opositores catamarqueños.
Ayer se produjo un movimiento administrativo sugerente. Para decepción de macristas y radicales catamarqueños, fue designado al frente del PAMI local el ingeniero Horacio Almada, excandidato a diputado nacional de la Libertad Avanza al que no le alcanzó en octubre para entrar al Congreso. n