Las irregularidades en la distribución de los planes sociales es uno de los temas que más irrita a los argentinos. Precisamente, ese fue uno de los caballitos de batalla del candidato presidencial Javier Milei, cuando reniega de la casta política porque hace uso y abuso de los recursos del Estado para sostener la caja de la política. Y algo de razón le asiste cuando la sociedad observa que las promesas para regularizar la situación caen en saco roto. Ahora, una nueva denuncia vuelve a poner en controversia a todo el sistema de ayuda social.
Las denuncias por sospechas en la administración de los planes sociales y de empleo vienen desde hace décadas, cuando el expresidente Eduardo Duhalde implementó el programa de Jefes y Jefas de Hogar para dar respuesta a la desocupación que había generado el modelo neoliberal. Desde entonces, la política económica convive con los planes de empleo que representan una solución de corto plazo, pero que se extendió su vigencia.
Días pasados se conoció que el fiscal federal Franco Picardi requirió una serie de medidas de prueba en el marco de la investigación por supuestas irregularidades en los planes Potenciar Trabajo, a raíz de que usuarios no serían aptos para recibirlos ya que han hecho viajes al exterior o pagaron cruceros de lujo.
Es la denuncia que hizo el fiscal Guillermo Marijuan luego de una investigación preliminar en la que detectó que más de 200 mil personas viajaron al exterior en los últimos 14 años, cuando el Estado entrega ese plan a quienes supuestamente se encuentran en situación de vulnerabilidad social.
El Plan Potenciar Trabajo tuvo como objetivo unificar el programa “Hacemos Futuro” y el programa “Salario Social Complementario” de la gestión anterior, para generar nuevas oportunidades de empleo mediante el desarrollo de proyectos sociales vinculados a lo productivo, comunitario, laboral y de terminalidad educativa. Los beneficiarios reciben la mitad de un Salario Mínimo, Vital y Móvil a cambio de una contraprestación laboral de cuatro horas diarias.
Según datos del año pasado, el programa tiene un poco más de 1.300.000 beneficiarios en todo el país. En Catamarca, alcanza a 11 mil personas.
Las dudas por el Potenciar Trabajo no son nuevas. El año pasado otra denuncia salpicó la transparencia del mismo programa. El fiscal Guillermo Marijuán había pedido la suspensión del plan para los 250.000 beneficiarios que, según un informe filtrado de la AFIP, compraron dólares o pagaban bienes personales. En aquel momento, la ministra Tolosa Paz había dispuesto la baja inmediata y definitiva de 2.243 titulares del Potenciar Trabajo.
Un año después otra irregularidad mancha al programa. Ahora deberá ser la Justicia y la política la que aclaren el panorama para evitar que se agrande el desprestigio que pesa sobre una herramienta social que puede remediar situaciones de desigualdad en el acceso al mercado laboral. De lo contrario, el mal humor social que generan estas prácticas ligadas a la corrupción, contribuyen al ascenso de propuestas que tendrían como resultado el aumento de la pobreza y la indigencia.n
