El superávit fiscal se convirtió en la excusa del Gobierno nacional para retener fondos con destino específico y transformarlos en caja financiera, mientras las provincias cargan con los costos. Recientes investigaciones publicadas por La Nación y elDiarioAr han dado cuenta de cómo esta excusa también juega con la vida de la gente: el Gobierno retuvo más de $1 billón que debían ir a reparar rutas y $258.000 millones que debían ir a la prevención de inundaciones, para utilizarlos en instrumentos que le permiten sostener el “equilibrio”.
Detrás de cada peso que no llega a una ruta nacional o a una obra hídrica hay una provincia que asume el costo político, social y humano de esa ausencia. Detrás de cada peso que no llega a una ruta nacional o a una obra hídrica hay una provincia que asume el costo político, social y humano de esa ausencia.
En declaraciones periodísticas, el vocero presidencial Adrián Ravier reconoció que una porción sustancial de lo recaudado por el Sistema Vial Integrado (SisVial), que es un fideicomiso alimentado por el impuesto a los combustibles y destinado por ley al mantenimiento y la construcción de rutas nacionales, no se aplica a esos fines, sino que el Ministerio de Economía la dispone para sostener el equilibrio fiscal. La Nación reveló que, desde que Milei asumió, la subejecución del SisVial asciende al 73,8% y de los $1,5 billones recaudados entre 2024 y mayo de 2026, apenas $394.406 millones se destinaron a obras. Más de un billón de pesos quedó estacionado en plazos fijos y títulos públicos. Según estimaciones basadas en los valores de licitación de Vialidad Nacional, ese dinero inmovilizado podría haber financiado entre 20.000 y 25.000 kilómetros de intervención vial, casi dos tercios de los que tiene toda la red nacional.
Es una decisión que literalmente cuesta vidas. El secretario general del Sindicato de Trabajadores y Empleados de Vialidad Nacional (FeTERA), Fabián Catanzaro, denunció que el pésimo estado de las rutas es un “problema de salud pública” porque, según informes que manejan, las muertes en rutas nacionales se incrementaron en un 300% en los últimos años.
Pero no es todo. Ocurre lo mismo con el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, que se financia con el 5% de lo que paga cada automovilista al cargar nafta y el 9% de lo que paga cada conductor que carga GNC. Según elDiarioAr, hasta el 6 de abril de este año el fondo contaba con $34.922 millones en sus cuentas, mientras que tenía otros $258.000 millones en Letras del Tesoro Capitalizables en Pesos. Es decir que el 88% del dinero del fondo está prestado al Estado nacional. Eso, en un contexto en el que de las 49 obras que el fondo debía financiar, 28 están neutralizadas, entre ellas una que el propio Gobierno había calificado como prioritaria: el dragado del Río Salado, que afecta a una cuenca de 17 millones de hectáreas y 59 municipios bonaerenses.
Detrás de cada peso que no llega a una ruta nacional o a una obra hídrica hay una provincia que asume el costo político, social y humano de esa ausencia. Son los gobiernos provinciales los que reciben los reclamos por los caminos deteriorados y los que deben improvisar respuestas de emergencia cuando llegan las inundaciones.
