Adrián Brizuela. Sostiene livianamente que miles de catamarqueños cobran una pensión de manera fraudulenta.
El diputado nacional libertario Adrián Brizuela declaró que entre el 70% y el 80% de las pensiones por discapacidad auditadas en Catamarca resultarían “truchas”, retomando una afirmación que antes había formulado el diputado provincial Tiago Puente. Se trata de una aseveración que se repite como si fuera una verdad revelada, pero que hasta el momento no cuenta con ningún respaldo documental verificable en la realidad catamarqueña.
No existe, en efecto, ningún informe público, oficial o de un organismo de control que sostenga ese porcentaje. Ni la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANDIS), ni el Ministerio de Desarrollo Humano, ni ninguna auditoría conocida han publicado un desglose que permita afirmar que ocho de cada diez pensiones por discapacidad relevadas en la provincia sean fraudulentas. Sostener una cifra de ese calibre sin explicitar su fuente, su metodología o el universo sobre el que fue calculada es una irresponsabilidad que instala sospecha sobre miles de familias catamarqueñas sin ofrecerles la más mínima posibilidad de contrastar la acusación.
Lo que sí existe, y es público, es exactamente lo contrario de lo que Brizuela sugiere. En febrero de 2026, la Defensoría del Pueblo de Catamarca advirtió que ANDIS no había presentado una sola prueba individual que acreditara que alguno de los 4.300 beneficiarios catamarqueños a quienes se les suspendió arbitrariamente el pago de la pensión hubiera presentado un certificado médico falso o una certificación que no correspondiera. La suspensión masiva, en otras palabras, no estuvo precedida ni acompañada de evidencia alguna sobre irregularidades individuales.
A esa constatación se sumó la Justicia. Al ordenar la restitución de las pensiones suspendidas, los tribunales consideraron que ANDIS había actuado de manera irregular al dar de baja las prestaciones sin dictar previamente un acto administrativo que lo justificara, tal como exige el debido proceso. Es decir: el propio Poder Judicial encontró que el procedimiento del organismo nacional, y no la conducta de los beneficiarios catamarqueños, fue lo irregular.
Hasta septiembre de 2026 no se ha publicado un desglose oficial que permita establecer cuántas de esas 4.300 prestaciones terminaron siendo dadas de baja en forma definitiva y por qué causal específica. Tampoco surge del expediente judicial un solo caso individualizado de un beneficiario catamarqueño que hubiera presentado un certificado médico falso.
Si el diputado nacional está genuinamente interesado en denunciar irregularidades en el área de discapacidad, no le faltan datos con resultados publicados y concluyentes. La auditoría realizada en la propia ANDIS tras el desplazamiento de Diego Spagnuolo, que relevó el período diciembre de 2023-agosto de 2025, detectó la ausencia de un sistema integral de control para el programa Incluir Salud, irregularidades en las compras de medicamentos e insumos, deficiencias graves en la documentación respaldatoria, contratos con prestadores que no estaban regularizados y debilidades sistemáticas en el control de expedientes. Encontró, además, un desfasaje de 158.717 millones de pesos en los registros contables internos del organismo, sobreprecios de hasta veinte veces el valor de referencia en insumos médicos y ortopédicos, bienes que figuraban como entregados sin que existiera constancia de su recepción, y casos de facturación duplicada, entre muchas otras irregularidades documentadas que investiga la Justicia.
La auditoría de la gestión libertaria en la ANDIS exhibe cifras concretas, período relevado, metodología y hallazgos verificables. Contrasta, de manera evidente, con la liviandad de sostener que ocho de cada diez catamarqueños con discapacidad estarían cobrando una pensión de manera fraudulenta.
