“Violó una medida perimetral y fue detenido”. “Tiene una perimetral y quiso raptar a la ex”. Estos títulos corresponden a hechos ocurridos en la provincia, los cuales semanalmente se repiten según los reportes policiales.
“Violar la perimetral” es una forma vulgar de mencionar que un hombre acusado por un hecho de violencia contra su pareja o expareja no hizo caso a una prohibición de acercarse hasta el domicilio de la víctima. Esta medida es ordenada por la Justicia tras la denuncia realizada por la mujer damnificada. El Juzgado de Familia es el que fija las medidas como la de “prohibir, restringir, limitar o condicionar la presencia del agresor en el domicilio o residencia de la víctima, lugares de trabajo, estudio u otros que frecuentare cotidianamente, o establecer una restricción de acercamiento a determinada distancia de tales lugares”, según reza el inciso 4 del artículo 49 de la ley provincial 5434 de “Violencia Familiar y de Género”.
La legislación prevé además que el control de la medida de protección puede ser efectuada por la “autoridad administrativa, policial o asistencial que corresponda”.
La letra de la ley describe un mecanismo que pareciera que funcionará de manera aceitada. No obstante, la realidad indica otra cosa. El control del cumplimiento de las medidas es precario y los casos salen a la luz cuando las propias víctimas ruegan auxilio porque tienen a su agresor rondando su casa o en la más dramática de las situaciones, cuando el victimario ya perpetró el hecho.
En febrero del 2021, Eugenia Olivera denunció a su expareja, Eliseo Guerrero, por violencia. Guerrero fue imputado, luego liberado y se le fijaron las restricciones. En forma paralela la Fiscalía de Andalgalá informó a la Secretaría de la Mujer del municipio y a la Policía para que patrullara la vivienda. Con el tiempo Eugenia volvió a la comisaría a hacer exposiciones policiales y se tramitó un expediente en la Defensoría por alimentos, el cual quedó estancado.
Durante dos meses nadie supo nada de Eugenia. A ningún organismo le pareció extraño no volver a tener novedades de aquella mujer que meses atrás clamara por asistencia.
En julio de ese año Guerrero la mató e intentó borrar cualquier evidencia quemando sus restos. Dos meses más tarde, gracias a la publicación en el Facebook de una amiga de Eugenia en Tucumán, los resortes se activaron. Ya era demasiado tarde.
El caso de Anyelén Gallo Arias tiene un resabio de lo ocurrido con Eugenia. Anyelén decidió denunciar a Leonardo Olas por irrumpir en su casa. La Fiscalía lo detuvo y lo imputó por “violación de domicilio”, un delito de pena leve por el que fue excarcelado y se le fijaron restricciones. Desde su entorno aseguran que estaba inmersa en un espiral de violencia por lo que ella decidió restablecer el vínculo.
No se conoció si hubo asistencia para Anyelén. Si le ofrecieron contención psicológica para poder salir de su cuadro de vulnerabilidad. Lo que sí salió a la luz fue que Olás volvió a la casa y la mató.
Estos dos casos mencionados desnudan las falencias y exponen una realidad que asola: el sistema precisa de una revisión y un compromiso estatal para el control y la vigilancia de los violentos denunciados por sus víctimas.