Matar a una niña: el lenguaje más brutal del poder

Una niña de 14 años encarna la fragilidad que el Estado debe proteger con mayor intensidad. Pero también encarna la confianza; la confianza en los adultos, en el entorno, en que el mundo no es un lugar hostil. Cuando esa confianza es traicionada, el hecho adquiere otra dimensión. Ya no es solo violencia; es ruptura del pacto básico de cuidado.

Por eso, en estos crímenes, el análisis no puede quedar atrapado únicamente en la tipicidad penal. Claro que es necesario determinar si hubo violencia de género previa, femicidio o femicidio vinculado o cualquier otra agravante. Pero hay algo que excede al expediente; la pregunta por cómo llegamos a naturalizar escenarios donde una niña puede ser captada, vulnerada y asesinada.

El cuerpo de Agostina, como el de tantas otras, interpela. Nos obliga a mirar de frente una realidad incómoda; la persistencia de relaciones asimétricas, de entornos inseguros, de adultos que fallan en su rol de protección. Y también nos enfrenta a un riesgo; el de banalizar, el de convertir el horror en una noticia más. No podemos permitirnos eso.

Porque cuando una niña es asesinada, no solo pierde la vida ella. Perdemos todos un poco de humanidad. Se quiebra algo en el entramado social. Y ese quiebre exige algo más que indignación momentánea; exige responsabilidad, compromiso y una revisión profunda de nuestras prácticas como sociedad.

Nombrarla como lo que era (una niña) no es un detalle menor. Es un acto de justicia simbólica. Es negarse a que el lenguaje diluya la gravedad. Es recordar que detrás de cada expediente hay una historia, un rostro, una vida que merecía ser vivida. Y también es una advertencia. Porque mientras sigamos viendo estos hechos como excepciones, cuando en realidad responden a lógicas que se repiten, seguiremos llegando tarde. Y en estos casos, llegar tarde siempre tiene el mismo resultado.

* Juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil de Catamarca y vocal titular de la Red de Jueces y Juezas Penales de la República Argentina. Miembro de la Red de jueces del UNICEF y del Foro Penal Adolescente de la Jufejus y Consejero Directivo de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca.