Por Juan José Sánchez (*)
El mes pasado, en medio del debate por la reforma del sistema penal juvenil, la Conferencia Episcopal Argentina emitió un documento titulado "Más oportunidades que penas", en el que rechaza la baja de la edad de imputabilidad y propone, en cambio, un abordaje integral que ataque las causas de la delincuencia juvenil: la desconexión del sistema educativo con la realidad de los adolescentes y jóvenes, el narcotráfico y la exclusión social de las y los “descartados” por el sistema.
El texto firmado por la Comisión Episcopal de Pastoral Social comienza expresando solidaridad con las víctimas de la violencia, incluidos aquellos casos donde los agresores fueron menores. Sin embargo, advierte que "los jóvenes no son los que más delitos cometen", citando datos del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC-SAT) del 2023y análisis de organizaciones como UNICEF y CORREPI, los menores inculpados representaron un porcentaje muy bajo del total de casos. En los casos de homicidio doloso, sólo el 0,64% fueron inculpado a menores de 14 años, y menos del 2% a menores de 16 años. El documento señala que "Se fortalece la idea de que los adolescentes son los principales responsables, pero las estadísticas no lo confirman".
La Iglesia cuestiona que el debate se centre en medidas punitivas y no en los factores que empujan a los jóvenes al delito:
- El narcotráfico: "Las drogas destruyen vidas y son una de las principales causas de violencia. ¿Por qué no se combate con más fuerza?".
- La crisis educativa: "El deterioro escolar y la deserción son una tragedia. ¿Dónde están las escuelas y los docentes bien pagos?".
- La falta de oportunidades: "Muchos crecen sin acceso a educación, trabajo o contención familiar. ¿Qué futuro les ofrecemos?".
"No es razonable creer que encerrar a chicos de 13 años resolverá algo", afirma el texto, y plantea una pregunta incómoda: "¿Queremos más cárceles o más escuelas?".
Educación, reinserción y "cultura del cuidado":
Frente a la posible reforma, la Iglesia propone:
El texto concluye con un mensaje esperanzador, destacando a los miles de jóvenes que luchan por un futuro mejor, y convoca a todos los sectores –Estado, empresarios, sindicatos, comunidades religiosas yciudadanos– a "vencer la indiferencia".
Y remarca que: "Como dice el Papa Francisco, estamos en la misma barca. La solución no es bajar la edad de imputabilidad, sino construir oportunidades"
En un comunicado anterior, la Comisión Nacional de Justicia y Paz del Episcopado Argentino, institución de laicas y laicos que asesora a la Comisión Episcopal de Pastoral Social, advierte sobre los riesgos de bajar la edad de imputabilidad. Según el organismo, esta medida no solo violaría tratados internacionales de derechos humanos con rango constitucional en Argentina, sino que además carece de evidencia que demuestre su eficacia para combatir la inseguridad.
Actualmente, el régimen penal juvenil argentino establece que solo pueden ser sometidos a proceso penal aquellos adolescentes que tengan al menos 16 años. Sin embargo, el Gobierno nacional impulsa un proyecto para llevar ese piso a 13 años, argumentando que esto permitiría enfrentar con mayor firmeza los delitos cometidos por menores.
No obstante, la Comisión recuerda que la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que en Argentina tiene jerarquía constitucional, establece que todos los menores de 18 años deben ser protegidos bajo el principio de su "interés superior", garantizando su derecho a la vida, al desarrollo integral y a la no discriminación. Además, el Comité de los Derechos del Niño de la ONU recomienda que la edad de imputabilidad sea lo más cercana posible a los 18 años.
Distintos organismos internacionales, con respaldo científico, sugieren que la edad mínima de responsabilidad penal no debería ser inferior a los 14 años. Pero más allá de los marcos legales, la Comisión señala que "bajar la edad de imputabilidad nunca ha servido para reducir la delincuencia juvenil".
En cambio, experiencias en otros países demuestran que políticas públicas focalizadas en prevención y reinserción logran disminuir la criminalidad de manera más efectiva. "El enfoque punitivo no resuelve las causas profundas que llevan a los jóvenes al delito, como la exclusión social, la falta de acceso a educación y salud, o el consumo problemático de drogas", sostiene el documento.
Frente a la iniciativa oficial, la Comisión propone mantener la edad de imputabilidad en 16 años y reforzar las políticas públicas que ataquen las raíces del problema:
"La solución no está en encerrar a niños de 13 años, sino en garantizar sus derechos básicos y ofrecerles oportunidades reales de desarrollo", concluye el texto.
Mientras el debate continúa, organizaciones de derechos humanos y especialistas en infancia advierten que avanzar con esta reforma podría significar un retroceso histórico en la protección de las y los adolescentes “descartados” por la sociedad.
En el día de ayer (9/4/2025), el equipo de Sacerdotes para la Pastoral en las Villas junto a algunos diputados Nacionales y otros colectivos entre los cuales estánlos “Chicxs del Pueblo” y el Movimiento Nacional Cuidadores de la Casa Común, lograron que no avance la baja en la edad de imputabilidad en las tres comisiones donde se está trabajando el tema. Ahora se sigue debatiendo.
Lo que nos caracteriza como seres humanos es nuestra capacidad de cooperar en el cuidado esencial para la protección de la vida. ¿Qué podemos esperar de una sociedad que expulsa y descarta a sus miembros más jóvenes? ¿Quién se atreve a ser tan cruel como para negarle a las y los adolescentes el cuidado y el amor necesario para una vida con futuro?
(*) Miembro de la Comisión Nacional de Justicia y Paz del Episcopado Argentino
