A medida que avanza el plan económico de Javier Milei y sus consecuencias se hacen sentir con especial crudeza en los sectores de mayor vulnerabilidad de la sociedad, empiezan a confeccionarse documento o informes de la situación que tienen como propósito alertar al gobierno sobre esos impactos negativos. La Iglesia Católica es una de las instituciones que ha asumido un discurso muy crítico respecto de la gestión nacional.
Esta semana, la Comisión Nacional de Justicia y Paz de la Conferencia Episcopal Argentina le presentó al primer mandatario nacional, a modo de alerta, un informe de coyuntura que grafica claramente el derrumbe de los principales indicadores. Menciona el riesgo que corren, por la paralización de la obra pública, 1.400 empresas y 200.000 empleos en el ámbito de la construcción, y que las firmas pueden aguardar apenas unas pocos semanas esta situación, antes de comenzar con despidos masivos.
Señala también que el índice de producción industrial pyme registró en enero una caída en promedio de 30% interanual a precios constantes y un retroceso de 9,1% en la comparación mensual, según la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME). Además, que a Utilización de la Capacidad Instalada en la Industria (UCII) correspondiente a diciembre se situó en el 54,9%, mostrando una disminución interanual de 8,9 puntos porcentuales y marcando el peor diciembre desde el inicio de la serie en 2002.
Respecto de la agricultura familiar, el documento indica que al sector “se lo sigue degradando con las malas condiciones generales en lo que se refiere a posesión de la tierra que trabajan, agua muchas veces acaparadas por parte de actividades mineras, megaemprendimientos productivos, salud, educación, comunicación, asistencia técnica, etc”. A su vez, alerta sobre el clima social al mencionar que se registra una gravísima disminución de los ingresos de jubilaciones y de prestaciones de salud y de discapacidad.
Finalmente, en cuanto a la situación institucional, la Conferencia Episcopal cuestiona el DNU dictado por el gobierno de Milei que contiene “modificaciones sustanciales al conjunto del orden jurídico argentino, que en algunos casos contrarían la Constitución Nacional y Tratados Internacionales con jerarquía constitucional”.
En días anteriores, en una carta elaborada por los obispos de Merlo y Moreno, que lleva también la firma del Equipo de Pastoral Social y de Cáritas, se lamentan que “los responsables del gobierno nacional solo se preocupen de que cierren las cuentas y no miren a los hermanos heridos por las medidas que se van tomando”.
Luego de mencionar que “hay un creciente avance de la deshumanización política, social y económica”, los obispos reivindican la justicia social, a la que Milei considera “una aberración”: “Reivindicamos la justicia social, a la que San Juan Pablo II definió como el nuevo nombre del bien común”.
La visión crítica de la Iglesia Católica aumenta a medida que se profundiza la crisis. El propio Presidente, que luego de pedirle perdón se mostró cercano a Francisco en su visita a El Vaticano, debería leer con atención estas reflexiones sobre el daño que el plan causa a “los hermanos heridos”.n