Es llamativo el silencio de los habitualmente locuaces miembros de la intersindical docente sobre el escándalo de los supuestos títulos truchos expedidos en el IES “Clara J. Armstrong”. Solamente el SIDCA ha considerado necesario involucrarse en el tema, con argumentos que exponen la deserción del resto. Fundó su pretensión de constituirse en querellante en la causa penal abierta por el caso en que las maniobras investigadas perjudican a quienes estudiaron, se formaron y accedieron a sus cargos respetando las reglas y exigió que se revisen las grillas, los puntajes y los órdenes de mérito de las Juntas de Clasificación que asignan los cargos docentes junto con, obviamente, el derecho a cobrar los sueldos por ellos.
El caso de los títulos truchos implica también un fraude a los docentes eventualmente desplazados por colegas inescrupulosos. El caso de los títulos truchos implica también un fraude a los docentes eventualmente desplazados por colegas inescrupulosos.
No se trataría solo de una estafa a la administración pública, sino también a los docentes que concursaron de buena fe y eventualmente fueron desplazados por colegas que compitieron con títulos apócrifos.
Sergio Guillamondegui, titular del gremio, describió las operaciones como “un bochorno y un desprestigio” para las instituciones de educación superior.
“Se ha alterado el orden de mérito de los docentes que nosotros queremos representar”, consideró, y remarcó que el caso excede a los involucrados y requiere revisar los mecanismos de control del Estado y de los propios IES.
¿Qué tiene para decir el resto de los gremios docentes? ATECA, UDA, SUTECA, SADOP… La indiferencia ante tamaño escándalo podría interpretarse como complicidad, aunque no puede asombrar a nadie. En términos generales, los gremios docentes solo se movilizan por cuestiones salariales.
La causa penal, iniciada a partir de una denuncia del Ministerio de Educación, está a cargo de la fiscal de Instrucción Nº 7, Paola González Pinto. Todo el personal involucrado o denunciado está con sumario administrativo en Educación y el IES CJA intervenido, mientras se reúnen elementos para determinar la existencia de delito. Hasta el momento no hubo imputaciones. La denuncia original fue por 35 títulos flojos de papeles, pero la comisión normalizadora, que asumió el 10 de agosto, la amplió y ya hay casi dos centenares bajo la lupa.
Las irregularidades fueron detectadas al contrastar las planillas digitales con el soporte físico de los títulos emitidos. El Ministerio denunció supuestas maniobras fraudulentas ejecutadas entre 2024 y 2025, pero el SIDCA advirtió que se remontan a por lo menos 2018.
Para el gremio, podría haberse articulado una asociación ilícita dedicada a la comercialización de títulos.
"El problema no está solo en quien vende, sino también en quien compra. Son delincuentes las dos personas. Esto llegó a repercutir alterando el orden de mérito, al inscribirse personas que compraron títulos en la Junta. Eso a nosotros, en representación de nuestros afiliados, nos genera un perjuicio a la hora de acceder al trabajo", señaló Guillamondegui.
"Una de las claves era de la persona que redactaba los títulos y la otra clave era la de la rectora, que es la que persona que firma los títulos. Tenían un Libro Matriz paralelo dentro del mismo IES", explicó.
A criterio de Guillamondegui, el Gobierno debería avanzar con auditorías en los 17 IES que hay en la Provincia.
El caso proyecta sospechas sobre la calidad de la fiscalización de todo el sistema de titularización docente y se vincula en alguna medida con la calidad educativa: se trata de las certificaciones de educación de educadores, que las habrían utilizado para sumar puntaje y ventajear en los concursos. Mal ejemplo para los alumnos a varias bandas: títulos truchos, trampas y anuencia sindical con una sola excepción.
Es indispensable que los fraudes no queden impunes.
