Por Roberto Ramos
Primero es necesario entender que los ESTADOS (nacional, provincial, municipal), son quienes tienen el MONOPOLIO del uso de la fuerza. Nadie puede detener y/o privar de la libertad a otro ciudadano, sino las fuerzas de seguridad que dependen del Estado. Es tal esta situación excluyente, que es el UNICO que puede utilizar esa llamada "FUERZA PUBLICA" en contra de los ciudadanos.
Sin meternos en lo que ocurrió en las Dictaduras y el uso ILEGAL que hicieron de este monopolio, cotidianamente podemos observar cómo hay situaciones de ABUSO del uso de esa fuerza pública, en las represiones que organiza el Estado Nacional todos los miércoles en la marcha de Jubilados en CABA.
Y si ante esta situación que es pública y notoria, se dificulta CONTROLAR el uso desmedido e ilegal de la fuerza pública, es lógico pensar en lo que ocurre en contextos de ENCIERRO, donde "nadie ve".
El poder político de turno es quien determina los límites de esa fuerza pública, el que puede ser menos intervencionista (los reclamos "se regulan solos") o MAS INTERVENCIONISTAS como lo demuestra el Estado Nacional actual. También determina las "herramientas" a utilizar, como gases lacrimógenos, balas de goma y/o de plomo, camiones hidrantes, perros, motos, infiltrados...
Nuestro país, con la reforma constitucional de 1994, incorporo con rango CONSTITUCIONAL la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y en 2004 (Ley 25932) el Protocolo Facultativo de la Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. Nadie obligo a la Argentina a OBLIGARSE a CUMPLIR con estos instrumentos, nadie nos puso una "pistola en la cabeza" para firmarlos y adoptarlos. Esa voluntad expresada es un compromiso de SUMISION (como decía Esquiu) a estas Convenciones, un mandato supra legal de cumplimiento inexcusable.
Teniendo en vista lo anterior, en 2012 se aprueba la Ley 26827 que crea el Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, con el objeto de CONTROLAR posibles situaciones de ilegalidad en el uso de la fuerza pública, por parte del Estado. Y para que este Sistema Nacional funcione, es necesario el funcionamiento de Mecanismos Locales en cada una de las Provincias, algo en lo que Catamarca está en deuda desde 1986 (año de aprobación de la Ley).
Parecería una verdad de Perogrullo, pero es difícil aceptar que el Estado se va a CONTROLAR a sí mismo, se va a DENUNCIAR e incluso SANCIONAR. No es algo imposible, pero la experiencia muestra que lo que ocurre es que el Estado, ante situaciones que puedan ser CONTRARIAS a la legalidad, busca evadir la responsabilidad. Es lo que ocurrió con la muerte por asfixia de 4 adolescentes en la Alcaidía de Catamarca (9 de septiembre de 2011), hecho que quedo IMPUNE por maniobras judiciales dilatorias.
Ante esto, debería resultar LOGICO que quien tenga el poder de decisión en el organismo con el deber inexpugnable de CONTROLAR los posibles abusos en el uso de la fuerza pública por parte del Estado, NO PUEDE ser el MISMO ESTADO, o sus representantes.
Y si el organismo es un cuerpo colegiado (varios miembros, decide la mayoría de votos), el Estado NO debería tener una MAYORIA PROPIA que le permita "esquivar" sus propias responsabilidades.
El "nada es gratis" se ha convertido en un "mantra" que publicitan o promocionan de las dos bandas del rio. Se usa para, por ejemplo, IMPEDIR que extranjeros estudien en nuestras Universidades, apelando a que le "quitan un lugar a los estudiantes argentinos", aunque no haya NINGUN caso en ese sentido.
Pero cuando se trata de DEFENDER HUMANOS, personas, ciudadanos, vecinos, la "Regla" se invierte. Parece que OBLIGATORIAMENTE no se puede defender a personas sino es GRATIS.
Toda persona que se interese, se haya capacitado, haya desempeñado acciones para DEFENDER a otros SERES HUMANOS, tiene que obligatoriamente hacerlo GRATIS.
¿Será que para el/los Estados, es "lógico" pagar un sueldo al que cobra impuestos, pero no a quienes defienden a personas de torturas y tratos crueles?
¿Vale más cobrar impuestos que proteger personas?
¿Cuánto vale una persona?
Ciertamente es un problema complejo, que se complejiza más en estos tiempos en que avanzan los discursos represivos y prohibitivos disfrazados de "Libertad".
Un Mecanismo Local es totalmente necesario en este contexto, pero sería muy positivo un instrumento que permita controlar de manera efectiva al poder político de turno, mas allá del color. Como se suele decir en los pasillos legislativos: "hay que legislar como si se fuese oposición". El poder, es siempre circunstancial. No hay control si se esta de los dos lados del mostrador.
Y para controlar, es necesario invertir. Es necesario constituir un equipo multidisciplinario, con estabilidad laboral e ingresos apropiados a la formación y experiencia, para poder garantizar la prevención y control de la tortura, a la vez de desarrollar conocimiento y programas públicos.
El Mecanismo Local debe poder hacer materialmente posible que no haya más tortura, ni tratos crueles ni degradantes en nuestra Catamarca. Nuestros ciudadanos, nuestra sociedad se merece esta inversión.
