Hay una imagen que sintetiza el estado de la salud argentina en 2026: hospitales públicos que ya atienden a más de 10 millones de personas -un tercio de la población nacional- mientras el Estado que debería sostenerlos recorta, año tras año, los recursos con los que cuentan para hacerlo.
Los números que arroja la Superintendencia de Servicios de Salud son elocuentes. Más de 742.000 afiliados se dieron de baja de las prepagas y las obras sociales nacionales perdieron más de un millón de beneficiarios desde noviembre de 2023. La población sin ningún tipo de cobertura pasó del 32% al 35,6% en poco más de dos años. Los jóvenes de entre 15 y 29 años son quienes más sufren esa precarización: casi la mitad, el 49,9%, depende ya en forma exclusiva del sistema público, 439.000 más que a fines de 2023.
Lo que hace especialmente grave la situación no es solamente el desplazamiento de pacientes de un subsistema a otro, algo que en sí mismo ya tensiona la capacidad de respuesta hospitalaria, sino el momento en que ocurre. El Gobierno de Javier Milei llega a esta crisis de cobertura después de haber sometido a la salud pública nacional a dos años y medio de fuertes recortes presupuestarios, con menor entrega de medicamentos e insumos esenciales a las provincias. Es decir que mientras la demanda sobre los hospitales estatales crece, los recursos con que deben responder a esa demanda se reducen.
Lo que muestran las cifras nacionales tiene, en Catamarca, una traducción concreta y bien documentada. Según confirmó en julio la ministra de Salud provincial, Johana Carrizo, el sistema público catamarqueño pasó a cubrir al 70% de la población, con un incremento del 30% respecto del año anterior, tanto en consultas ambulatorias de Nivel 1 y Nivel 2 como en prácticas quirúrgicas. La cobertura pública exclusiva -catamarqueños sin ningún tipo de obra social- alcanza ya al 40,7%, un guarismo sensiblemente superior al promedio nacional relevado por la EPH del INDEC (33,3% a nivel país).
A eso se suma, como ocurre en el resto del país, una porción creciente de pacientes que conservan su obra social pero igual recurren al hospital público, sea por las demoras y limitaciones de sus prestadores, sea porque la cobertura formal ya no alcanza a cubrir lo que promete.
El caso de PAMI resulta el más ilustrativo de esa distorsión. En el Hospital San Juan Bautista, cabecera del sistema provincial, las autoridades reconocieron un incremento en las internaciones de afiliados de la obra social de los jubilados, al tiempo que la propia PAMI mantiene con la Provincia una deuda que arrastra desde mayo de 2025. Es decir: Catamarca no solo absorbe pacientes que las obras sociales no pueden o no quieren atender en tiempo y forma, sino que además financia esa atención con fondos que la Nación debería haber transferido y no transfirió.
La salud pública argentina no está recibiendo una demanda excepcional y transitoria; está absorbiendo, de manera estructural, a quienes el propio modelo económico expulsó de la cobertura privada y sindical. Sostener esa red con menos recursos que los que exige la cobertura de un tercio de la población implica diferir un costo social y sanitario que, tarde o temprano, la Argentina —y Catamarca en particular— deberá pagar con creces.n
