El Estado, por omisión, es muchas veces cómplice de la violación de niñas indígenas y también de la impunidad de la que gozan los victimarios.
Contra el chineo
24 de junio de 2022 - 00:10
Una de las prácticas más aberrantes, cuyo origen se remonta a la conquista española pero que aún persiste como resabio de aquella época dolorosa, es el denominado chineo. El chineo es la violación de niñas de pueblos originarios desde edades muy tempranas –siete u ocho años- perpetradas por hombres adultos que, por lo general, gozan de ciertos privilegios sociales, como propiedades, dinero o poder político. Se emparenta, aunque obviamente tiene diferencias notables, con el “derecho de pernada” de la Edad Media, es decir, el privilegio feudal por el que los nobles tenían potestad de hacer debutar sexualmente a la mujer de sus vasallos.
A diferencia de aquellas épocas lejanas en el tiempo, hoy el chineo merece la condena moral generalizada, lo cual no significa que haya desaparecido. Sigue vigente en el norte argentino, en menor medida que antes, y, por lo general, sin que las niñas abusadas tengan el acceso a la justicia como corresponde. El Estado, por omisión, es muchas veces cómplice de estos comportamientos atroces y también de la impunidad de la que gozan los victimarios.
Semanas atrás, se reunió en la localidad salteña de Chicoana el tercer Parlamento Plurinacional de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir, del que participaron más de 250 mujeres de distintas naciones originarias, como Ava Guaraní, Aymara, Chané, Charrúa, Chorote, Chulupí, Diaguita, Guaycurú, Huarpe, Kolla, Lule, Mapuche, Moqoit, Purépecha, Qom, Quechua, Ranquel, Simba Guaraní, Tapiete, Weenhayek y Wichi.
El Estado, por omisión, es muchas veces cómplice de la violación de niñas indígenas y también de la impunidad de la que gozan los victimarios. El Estado, por omisión, es muchas veces cómplice de la violación de niñas indígenas y también de la impunidad de la que gozan los victimarios.
Durante el encuentro, y luego de numerosos aportes de las participantes, se redactó un documento en que se acusa al Estado de ser cómplice del chineo, “reforzando la impunidad a través de la indiferencia”.
El escrito solicita, entre otras cosas, que se declare y tipifique el chineo como crimen de odio y como crimen imprescriptible; que se responsabilice e inhabilite a trabajar en territorios indígenas a empresas que tengan empleados que hayan cometido esta aberración; que se procese, condene y se dé de baja deshonrosa a policías, gendarmes y/o militares que violen a niñas indígenas; que se expulsen y condenen a las instituciones y grupos religiosos que operan en territorio indígena y sean cómplices de estas prácticas criminales; y que se juzgue y condene sin excepción y sin reconocimiento de fueros a funcionarios públicos como así también a las autoridades tradicionales de los Pueblos Indígenas que sean ejecutores de estas prácticas, cómplices o bien facilitadores de las mismas.
Los riesgos de ser violadas que tienen las mujeres de sectores medios en ámbitos urbanos, se exacerban en los sectores más vulnerables y rurales, y llega a su máxima expresión entre niñas y adolescentes de los pueblos originarios. Ponerle un freno a estos abusos indignantes y castigar a quienes los cometen es una obligación del Estado de cumplimiento urgente. El acceso al servicio de justicia es un derecho de todos los ciudadanos y no solo de determinados grupos sociales.
