El sobreendeudamiento de las familias argentinas es un círculo vicioso cuyo origen está en una crisis de ingresos, que se complementa con una ambición usuraria que encuentra en esa fragilidad un negocio extraordinario. Se ofrecen créditos personales y financiamientos de tarjeta a tasas que, en muchos casos, multiplican por 20 o más la inflación anual esperada.
Podría suponerse que la creciente mora, que hoy alcanza niveles preocupantes, moderaría el apetito de los prestamistas. Pero, lejos de atenuarse, la ambición se acentúa. El caso de Mercado Pago es, en este sentido, ilustrativo. La compañía, cuyo titular, Marcos Galperín, mantiene una conocida cercanía con el presidente Javier Milei, desplegó una estrategia orientada a captar a jubilados y pensionados para que habiliten el cobro de sus haberes previsionales a través de su aplicación, que a todos los efectos funciona como un banco. Para persuadirlos, ofrece un sorteo por 20 millones de pesos. Es una inversión mínima si se la compara con los miles de millones que puede obtener al quedarse con los ingresos de la clase pasiva.
El abogado previsionalista Facundo Fernández Pastor explicó con claridad en qué consiste el negocio: “La ANSES liquida los beneficios el día 16 de cada mes y ese día transfiere el dinero a los bancos y, desde ahora, a esa plataforma. Pero los beneficios se cobran a partir del primer día hábil del mes posterior. O sea que, desde el día 16 de un mes, hasta el primer día hábil del mes siguiente, los bancos y ahora Marcos Galperín, ponen el dinero de la seguridad social que es de todos los argentinos a hacer negocios que le da intereses a él, pero que no impactan en los beneficios que después paga”.
Pero el negocio no termina allí. Mercado Pago impulsa del mismo modo a los titulares de la Asignación Universal por Hijo y de otros programas sociales a cobrar por esa vía. Y tanto en este caso como en el de los jubilados, desde el momento mismo en que aceptan, los nuevos clientes comienzan a ser bombardeados con ofertas de préstamos. Son créditos que se otorgan a tasas de usura, pero que ahora cuentan con un modo de cobro extremadamente práctico para el acreedor: el descuento directo de los haberes que se depositan en la propia cuenta.
La persona de menores recursos, cuyo ingreso proviene del Estado, es atraída con un sorteo, recibe ofertas de dinero que difícilmente pueda rechazar en medio de sus apremios y termina viendo cómo una porción de su jubilación o de su asignación se evapora antes de llegar a sus manos.
Resulta imprescindible que se arbitren medidas para abordar el problema del endeudamiento. Entre ellas, la fijación de topes razonables a las tasas de interés, reglas claras que limiten los descuentos sobre los haberes de la seguridad social y de los programas sociales, mayor transparencia en la información que reciben los usuarios y una supervisión efectiva de las plataformas que operan como entidades financieras sin someterse a los mismos controles que los bancos.
Sin embargo, el Gobierno nacional, lejos de acometer esta tarea, opta por dejar hacer. Bajo la consigna de que el mercado se regula solo, permite que los usureros ganen fortunas mientras las familias, los jubilados y los sectores más vulnerables quedan librados a su suerte.
