Entre las numerosas cartas que el Papa Francisco escribió a personas o instituciones argentinas en los últimos tiempos, se destacó una que envió a un evento que se realizó a principios del mes de abril en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. A través de la misiva, hizo conocer su complacencia respecto del trabajo conjunto que viene realizando nuestro país con la Unión Europea, especialmente italia, en la lucha contra el crimen organizado.
El Papa se refería al proyecto “Bien restituido”, una iniciativa legislativa que busca replicar en Argentina el modelo italiano de lucha contra el crimen organizado, que decomisa sus bienes y los reutiliza en favor de los desposeídos. “La persecución y juzgamiento de este tipo de criminalidad suele concentrar la mirada en el castigo; pero ésta es una visión limitada y que queda siempre a mitad de camino. Es difícil pensar la solución de un conflicto penal sin que haya reparación”, escribió Francisco.
La iniciativa es loable, y podría en la Argentina aplicarse también a los bienes obtenidos mediante actos de corrupción administrativa.
En La Argentina ya rige desde 2019 un régimen de extinción de dominio que apunta a recuperar los bienes derivados del lavado de dinero, el narcotráfico y la corrupción. A tres años de la vigencia de ese régimen, la herramienta fue utilizada en un sólo expediente, la causa en la que se investiga a una banda ligada al narcotráfico. Pero ya el artículo 23° del Código Penal contempla como consecuencia accesoria de la condena el decomiso, que importa para el condenado la pérdida de los instrumentos del delito y de los efectos que de este provienen.
Es decir, el problema en la Argentina no es la falta de instrumentos legales que pueden aplicarse para decomisar los bienes obtenidos ilegalmente y distribuirlos según criterios de equidad. El problema es que hay poquísimas condenas a funcionarios corruptos o a bandas poderosas del crimen organizado.
Los últimos expresidentes de la Nación cuentan con numerosas imputaciones en la Justicia, pero nada indica que vayan a sr condenados, a juzgar por el tiempo transcurrido y por la inmovilidad de las causas. Cristina Kirchner llegó a tener 13 imputaciones, pero luego de varias decisiones judiciales que las desvincularon de algunas de las causas y también algunos sobreseimientos, hoy tiene 4 imputaciones.
Mauricio Macri, por su parte, tiene 8 imputaciones vigentes en la Justicia. Pero los expedientes de las causas que lo involucran tampoco se mueven demasiado.
En el caso de Alberto Fernández, la única imputación judicial que tiene es por la fiesta de Olivos en plena pandemia.
Como se sabe, la Justicia suele ser más eficiente persiguiendo a delincuentes de poca monta que a personas que ostentan poder –político, económico, o ambos a la vez, que es lo más común-, y que son sospechados de haber delinquido. Si esta tendencia persiste, de nada servirá seguir sancionado instrumentos legales o impulsando iniciativas como “Bien restituido”.n