La noticia casi pasó desapercibida: una jubilada de 65 años lleva un mes detenida por intentar llevarse un corte de carne de un supermercado del conurbano bonaerense. Según la crónica policial, el hecho ocurrió el 8 de octubre, cuando la seguridad del local la interceptó antes de llegar a las cajas. Aunque el accionar preventivo inicial se ajustó a la norma, lo que sucedió después bordea directamente la ilegalidad.
La protagonista es Estela Chávez, acusada de tentativa de hurto. Se trata de un delito de pena reducida que, según el Código Procesal Penal, exige resolver la situación de la imputada en un plazo máximo de diez días tras la indagatoria. Sin embargo, con Chávez esto no ocurrió. Lo que debía ser una demora transitoria se convirtió en un mes de encierro sin resolución en la Alcaidía N° 5 de Chacarita. ¿El motivo? En 2025 había sido arrestada por un episodio similar.
Para el Código Penal, el hurto es un delito leve penado con entre un mes y dos años de prisión. La figura se atenúa aún más cuando el delito no se consuma: al quedar en grado de tentativa, la pena debe reducirse entre un tercio y la mitad. Es decir que, en el peor de los escenarios y recibiendo el castigo máximo, la condena no superaría el año de cárcel. Chávez, sin embargo, ya lleva un mes encerrada sin siquiera tener resuelta su situación procesal.
El episodio encuadra a la perfección en la figura que el uso popular y cierta jurisprudencia denominan "hurto famélico"; es decir, la sustracción de productos básicos cuando la persona se encuentra acorralada por la indigencia. No hace falta ir muy lejos para encontrar un espejo de esta realidad: en agosto pasado se registró un episodio calcado. En la ciudad jujeña de San Pedro, un hombre de 73 años fue sorprendido escondiendo alimentos entre su ropa. "No tengo para comer", les confesó a los empleados del comercio. Frente al drama evidente, el gerente decidió no presentar la denuncia y el jubilado recuperó su libertad en el acto.
Este escenario de desesperación no es un daño colateral, sino el resultado de un despojo sistemático de la gestión de Javier Milei con causas muy concretas. Las jubilaciones y pensiones mínimas —parchadas con bonos discrecionales que pierden la carrera contra el costo de vida— han empujado a una enorme porción de los adultos mayores por debajo de la línea de indigencia. A eso se sumó el veto a la ley de movilidad en agosto de 2024, clausurando la posibilidad de una recomposición estructural de los haberes.
En paralelo, el fin de la moratoria previsional le bajó la persiana a miles de personas que, tras décadas de trabajo precarizado, no logran reunir los treinta años de aportes.
Pero el sistema se revela por completo al mirar la otra cara de la balanza. En este mismo noviembre de 2026, mientras Estela lleva un mes presa sin resolución, las grandes causas de corrupción contra dirigentes políticos y empresarios continúan empantanadas.
La Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) advierte que los expedientes con funcionarios y exfuncionarios de peso demoran más de una década en llegar a sentencia firme.
Para quienes saquean el Estado, el sistema es un flexible laberinto de garantías; para una jubilada con hambre, es el encierro inmediato.