Sin pruebas. Javier Galán denunció que estaba siendo víctima de una investigación ilegal.
La posverdad es, en palabras de la Real Academia Española, una distorsión deliberada de una realidad, que manipula creencias y emociones con el fin de influir en la opinión pública y en actitudes sociales. El diputado del MID, Javier Galán, sin aportar pruebas, denunció públicamente que estaba siendo víctima de una investigación ilegal por parte de agentes policías encubiertos o de civil, según información que le precisó su abogado, Leonardo Berder, a quien no nombra.
Esa denuncia pública se inscribe en su relato de una persecución política y judicial de la que se dice víctima, para contrarrestar el efecto de las denuncias penales en su contra que iniciaron el camino hacia el pedido de desafuero. El Poder Judicial, de imagen tan desgastada, tiene con Galán un dilema: si los expedientes se demoran recibe críticas por la inacción, pero si se mueve con celeridad recibe críticas de “persecución”.
En sus últimas apariciones, Galán reclamó que la Justicia y el oficialismo quieren “sacarlo de la cancha” y hasta reclamó fundamentos al Juzgado que solicitó su desafuero la semana pasada. Es curioso que el mismo criterio haya aplicado la Corte esta semana para rechazar el último planteo de casación: la defensa de Galán enumeró una serie de garantías constitucionales que alega haber tenido vulneradas, pero no presentó un solo argumento para sostenerlo.
“La Sala entendió que la defensa se había limitado a invocar la posible afectación de garantías constitucionales, sin explicar de qué manera concreta la decisión cuestionada ocasionaba un perjuicio de esa magnitud que justificara habilitar la revisión por vía de casación. Por estos fundamentos, declaró formalmente inadmisible el recurso interpuesto”, precisó la Corte.
“La confirmación parcial del pedido de desafuero no constituye una decisión definitiva, ya que no pone fin a la discusión sobre esa cuestión. Su eventual procedencia se encuentra supeditada a la decisión que adopte la Legislatura”, remarcaron.
En el medio, hubo muchísimas explicaciones de la Justicia para aclarar que esta instancia del proceso no se trata de un juicio sobre la culpabilidad de Galán, sino de una cuestión absolutamente preliminar. “La decisión no representa un pronunciamiento sobre la existencia de los delitos investigados ni sobre la responsabilidad penal del legislador. Tampoco supone que se haya dispuesto su desafuero. La solicitud continúa sujeta a la decisión que corresponda adoptar a la Legislatura”, se aclaró.
Lo dijo en reiteradas oportunidades el juez de Garantías n°4, Marcelo Sago y conviene citar sus palabras en la última solicitud firmada el 6 de noviembre. “El estándar probatorio que se requiere es el de la existencia de mérito suficiente para iniciar la investigación penal preparatoria y dicho estándar es precisamente el de sospecha fundada, la creencia o presunción que una persona pudo haber cometido uno o más ilícitos, sin que resulte una certeza condenatoria, sino solamente la verificación de indicios serios”, indicó.
Que la Justicia haya pedido el desafuero del diputado no implica que vaya a prosperar en la Cámara de Diputados, ni mucho menos implica una condena. Es decir, no implica reconocer que Galán sea un delincuente. Implica pedir a la Legislatura el permiso para abrir sobre él una investigación penal preparatoria, en la que la Justicia deberá reunir elementos probatorios suficientes para acusarlo y para elevar la causa a juicio, proceso que le permitirá a Galán hacer todas las presentaciones que considere para ejercer su defensa. Aún cuando el diputado fuera condenado, su presunción de inocencia permanecerá vigente hasta que una condena quede firme. Todo lo demás es discurso.
