Diez días transcurrieron entre la viralización del caso de bullying en el Colegio Pía Didoménico y la sanción del Estado, que resolvió la suspensión del aporte estatal al nivel secundario por seis meses, una respuesta relativamente rápida no exenta de la presión social. La celeridad es una muestra de que se puede reaccionar en cuestión de días cuando un tema se instala en la agenda pública, pero abre la pregunta sobre qué interés representan otros conflictos educativos que siguen esperando una respuesta que no llega.
En San Isidro, Valle Viejo, los estudiantes de sexto año del Centro Educativo N° 3 “Maestra María Emilia Azar” reclamaron volver a las aulas tras ser notificados de que continuarían con clases virtuales hasta fin de año. En un comunicado rechazaron la extensión de la medida y desmintieron los argumentos sanitarios vinculados con la presencia de excrementos de palomas en el edificio. Son chicos que cierran su secundaria frente a una pantalla.
En Santa Rosa, Tinogasta, padres tomaron la Escuela N° 223 Provincia de Misiones por la falta de docentes: son apenas dos cargos vacantes, pero reclaman que están sin cobertura desde el año pasado. Es decir, un ciclo lectivo completo con el problema a la vista y sin resolver.
En Dos Pocitos, departamento Santa Rosa, estuvo una semana tomada la Escuela Primaria N° 483 por el reclamo de los padres por una docente de la institución.
Estos son ejemplos solamente de la última semana, pero la modalidad de “escuela tomada por padres” se repitió varias veces este año, ya sea por cargos no cubiertos, falta de transporte o por reclamos de infraestructura. No es lejano el antecedente del corte de ruta en Antofagasta de la Sierra, que obligó al Gobierno a actualizar las partidas para los comedores.
Una política educativa seria no puede depender del ritmo de la repercusión mediática de los casos escolares más polémicos. Una política educativa seria no puede depender del ritmo de la repercusión mediática de los casos escolares más polémicos.
Al margen de las diferencias respecto a la temática de los reclamos, no pueden negarse que existe una diferencia en el tratamiento que reciben las problemáticas. El caso del Pía llegó a los medios nacionales y obligó a todos los actores a moverse con rapidez. Los otros transcurren lejos de las cámaras, en localidades donde un aula sin docente o una escuela tomada no se vuelve tendencia en las redes sociales, pero sí altera la vida de decenas de familias.
No se trata de equiparar situaciones que tienen matices distintos, ni de restarle importancia a lo ocurrido en el Pía Didoménico, sino de advertir la diferencia en el trato desde la más alta autoridad educativa, como si hubiera escuelas de primera y escuelas de segunda categoría.
Una política educativa seria no puede depender del ritmo de la repercusión mediática. Los protocolos, los controles, la cobertura de cargos en tiempo y forma y la respuesta a las familias deben funcionar igual en la Capital, Valle Viejo, Santa Rosa o Antofagasta de la Sierra. Si el Gobierno pudo resolver en diez días un caso que conmocionó a la provincia, la comunidad tiene derecho a preguntarse cuánto más deberá esperar quienes reclaman por un docente al frente del aula y una escuela abierta. Lo básico.
