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Cara y Cruz

Juez y parte

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18 de diciembre de 2021 - 01:20

Desde hace varios años, el sector del gremialismo que se identifica con el peronismo no pierde oportunidad para presionar por lo que, cree, son “sus” espacios de representación en el Gobierno y en la Cámara de Diputados. Cada vez que el peronismo llegó al poder, estos gremialistas se pararon a exigir los cargos que considera merece por simple afinidad ideológica.

Así se manejó la Confederación General del Trabajo (CGT) Catamarca con los gobernadores “compañeros”. A su criterio, los espacios que les corresponde están en el área laboral del Poder Ejecutivo, en primer lugar, y en algún lugar expectable de la lista de diputados provinciales, si se pudiera.

En enero de este año, el Ejecutivo anunció la creación del Ministerio de Trabajo de la Provincia y propuso para el cargo al contador Ariel Luna, quien se venía desempeñando en la órbita de la cartera de Hacienda. Tanto a la CGT como a UPCN les causó algún malestar no haber sido consultados sobre quién debía ser el ministro, pero igual se cuidaron de no anteponer reparos a la decisión del gobernador Raúl Jalil ya que estaban en plena negociación de otros asuntos de su interés.

Tanto Leonardo Burgos (ATSA), miembro de la cúpula cegetista, como Claudia Espeche, de UPCN, dos sindicalistas de reconocida buena sintonía con el Gobierno, dijeron no haber intervenido en la elección de Luna en Trabajo, pero lo aceptaron de buena forma.

“Lo conozco de hace varias negociaciones, conozco de su persona de bien y su profesionalismo. No tengo objeción alguna, porque es un hombre que conoce de Recursos Humanos y de cada ítem del empleado público, además de sus conocimientos de Hacienda. Considero que es importante tener a alguien con mucho conocimiento en esta área”, expresó Burgos.

Mientras que Espeche había manifestado que el Ministerio de Trabajo “seguirá siendo parte de la patronal, y nosotros estamos del lado de los trabajadores”. “UPCN celebra que Trabajo sea ahora un ministerio, y respecto de los funcionarios no tenemos inconvenientes, porque con cualquiera nos vamos a sentar a negociar”, explicó la gremialista.

Hasta ahí todo tranquilo. La historia cambió esta semana, cuando el gobernador Jalil decidió modificar la estructura orgánica del Poder Ejecutivo y suprimió el Ministerio de Trabajo como tal para fusionarlo con el de Planificación.

“En la necesidad de la Administración Pública Provincial de contener el gasto público y llevar adelante una agenda de trabajo en materia de empleo público para lograr establecer políticas públicas a largo plazo, se propicia concentrar las actividades del Ministerio de Trabajo y Recursos Humanos y en el actual Ministerio de Planificación y Modernización, cambiando su denominación a Ministerio de Planificación y Recursos Humanos”, expresa el mensaje del PEP de elevación del proyecto de ley a la Legislatura.

Ayer, la CGT regional Catamarca dio a conocer un documento en el que pide a Jalil una audiencia “urgente” para plantearle su desacuerdo con la medida. “Debemos adelantarle la decisión de que no vamos a acompañar esta desaparición del Ministerio de Trabajo”, expresó.

No solo eso. Con un claro tono amenazante, la central obrera advirtió que si la ley se aprueba dispuso “renunciar y retirar del Ejecutivo los cargos del área laboral que hoy son ocupados por compañeros secretarios generales e integrantes del Consejo Directivo de la CGT Catamarca”. Quizás considera que con eso le infrinja una verdadera pérdida a la gestión de gobierno.

En realidad, se trata de una oportunidad inmejorable para depurar el gabinete con una lógica más racional. Porque uno de los mayores sinsentidos de esta costumbre política de ubicar gremialistas en los cargos laborales es que se sientan a la misma mesa el juez y las partes.

Constituye un absurdo suponer que un gremialista se pondrá del lado de la patronal para dirimir un conflicto con los trabajadores que, se entiende, también representa. O debería hacerlo.

En definitiva, no hay mal que por bien no venga.

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