La presentación judicial acusa a la cúpula provincial de despojo de la sede, falsificación de sellos y ofrecimiento de dinero para forzar renuncias.
Un conflicto jurídico en Andalgalá pone en tensión a la sede de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE). Liliana Gordillo, exsecretaria adjunta de la seccional, junto a su asesor legal, Alejandro Gordillo, formalizó una serie de denuncias penales contra el Consejo Provincial del gremio, encabezado por Ricardo Arévalo. La presentación judicial acusa a la cúpula provincial de despojo de la sede, falsificación de sellos y ofrecimiento de dinero para forzar renuncias.
El conflicto se desató luego de la intervención dispuesta por las autoridades provinciales. Según la dirigente, el procedimiento realizado el pasado 20 de mayo fue "arbitrario" y carece de validez institucional. "Para que haya una intervención tiene que venir un dictamen de Nación, el cual nunca llegó a Andalgalá. En caso de que hubiera un dictamen, tendrían que avisarme con 30 días de anticipación, cosa que tampoco pasó", afirmó. Además, acusó directamente a la secretaria adjunta de la provincia por "el robo del libro de actas" y denunció hostigamientos hacia su familia y hacia la dueña del inmueble donde funciona la seccional.
Por su parte, su asesor legal, Alejandro Gordillo, calificó la intervención como "absolutamente ilegal" y sostuvo que el Consejo se atribuyó facultades exclusivas de la conducción nacional que estarían contempladas en el artículo 27 del estatuto.
El letrado también desmintió las acusaciones del secretario provincial, Ricardo Árevalo, sobre malversación de fondos y deudas. "La malversación no existe. Están todos los balances en regla y aprobados. En cuanto a la supuesta deuda millonaria, tiene que ver con un alquiler que firmó el propio Árevalo. ATE Catamarca tenía que pagarlo y lo dejó de hacer", apuntó.
En esta serie de acusaciones cruzadas, la más severa apunta a maniobras de cohecho para provocar la caída de la conducción de Andalgalá. "Desde el Consejo Provincial, gerenciado esto por Arévalo, están pagando a algunos de la comisión directiva de Andalgalá la suma de $250.000 para que renuncien. ¿Si hubiera cuestiones que ameriten una intervención, hace falta coimear?", cuestionó el abogado.
Gordillo sumó a las denuncias la existencia de "sellos paralelos" y el funcionamiento de una "comisión paralela", tipificándolo como una "asociación ilícita" en la que se cometieron delitos de hurto de documentación, agresiones y extorsiones.
Finalmente, la defensa vinculó directamente la intervención con el plano político de Andalgalá. Recordó que la seccional venía de protagonizar un paro contra la Municipalidad por "masivos descuentos ilegales" a los trabajadores. "Estamos investigando la conexión o la responsabilidad de algún funcionario municipal o de la intendencia con esta intervención que cae de sorpresa justo cuando íbamos a hacer los reclamos por la devolución de los fondos retenidos a los trabajadores. Aparece esto, muy conveniente, ¿verdad?", cerró el letrado, anticipando que ampliarán las pruebas y solicitarán las nulidades administrativas y judiciales en los tribunales.
