jueves 16 de mayo de 2024
Análisis

Garantizar derechos para evitar el maltrato sistemático de la niñez

Por Rodrigo Morabito (*)

En estos días se han publicado varios episodios de maltrato físico de la niñez como si el caso de Lucio Dupuy no nos hubiera enseñado absolutamente nada. Evidentemente, no. Estamos condenados a repetir conductas reprochables y, en particular, hacia los mas vulnerables.

En efecto, días atrás se dio a conocer periodísticamente que en la ciudad de Recreo de nuestra provincia una niña de tan solo 4 años fue brutalmente golpeada por su padrastro en diferentes partes de su cuerpo y rostro, lo que motivó, incluso, una marcha por parte de la sociedad de aquella ciudad para que se tomaran medidas en contra del adulto agresor.

También se publicó recientemente, que un niño de 8 años fue salvajemente golpeado por su padre en la localidad de Las Heras en la provincia de Mendoza.

¡Me duele todo el cuerpo! Le dijo el niño a los médicos que lo revisaron.

Por otra parte, en la provincia de Tucumán se investiga la desaparición y posterior homicidio de un niño de 3 años a partir del hallazgo de sus restos óseos respecto de los cuales las primeras conclusiones del trabajo de los forenses revelaron que tenía fracturas en las costillas y en el fémur izquierdo, de larga data, ya soldadas. La del fémur, mal soldada, lo que sugiere que “fracturaron al nene, pero no lo llevaron al médico, por lo que el hueso se soldó solo”.

En este sentido, deseo resaltar que Unicef ha destacado que “cerca de 300 millones de niños de 2 a 4 años en todo el mundo (3 de cada 4) son habitualmente víctimas de algún tipo de disciplina violenta por parte de sus cuidadores. Violencia que está justificada por más de 1 de cada 4 adultos que tienen niños a su cuidado y que afirman que el castigo físico es necesario para educarlos adecuadamente. Esta situación parece no discriminar entre los niños de hogares más ricos y los menos favorecidos”.

Por otra parte, en nuestro país, las investigaciones han demostrado que el 59% de chicas y chicos entre 1 y 14 años experimentó prácticas violentas de crianza; el 42%, castigo físico (incluye formas severas, como palizas y golpes con objetos), y el 51,7%, agresión psicológica (como gritos, amenazas, humillaciones). Unicef – 2019/2020.

Ahora bien, luego del relato de estos episodios lamentables e inconcebibles y de las estadísticas sobre violencia en la niñez, debo partir de la premisa principal de que el art. 19 de la Convención Americana de Derechos Humanos (incorporada a nuestra Constitución Nacional) establece que “todo niño tiene derecho a las medidas de protección que su condición de menor requiere por parte de su familia, de la sociedad y del Estado”.

Evidentemente, la violencia contra la niñez afecta notablemente su crecimiento sano y vulnerafundamentalmente su posibilidad de proyectarse como ciudadanos y ciudadanas desarrollados en un futuro adulto.

El Estado debe brindar las garantías necesarias para prevenir la violencia en la niñez, pues, no debe olvidarse que en nuestra provincia como en muchas otras del país existen sistemas de protección integral de niños, niñas y adolescentes que son los mecanismos fundamentales para proteger a la infancia en riesgo.

En este sentido, es claro lo dispuesto en el art. 12 de la ley de protección integral de la niñez provincial 5.357 cuando garantiza que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a la dignidad como sujetos de derechos y de personas en desarrollo; a no ser sometidos a trato violento, discriminatorio, vejatorio, humillante, intimidatorio; a no ser sometidos a ninguna forma de explotación económica, torturas, abusos o negligencias, explotación sexual, secuestros o tráfico para cualquier fin o en cualquier forma o condición cruel o degradante.

Asimismo, también la norma de mención establece que las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a su integridad física, sexual, psíquica y moral, exigiendo a su vez que la persona física o jurídica, pública o privada, gubernamental o no gubernamental que tome conocimiento de malos tratos, o de situaciones que atenten contra la integridad psíquica, física, sexual o moral de un niño, niña o adolescente, o cualquier otra violación a sus derechos, debe comunicar a la autoridad local de aplicación de la presente ley.

En conclusión, es trascendental que la autoridad de aplicación de la ley, cuente con los mecanismos y recursos necesarios para garantizar los derechos de los niños y niñas víctimas de violencia.

Al respecto, no cabe duda alguna que uno de esos derechos fundamentales es contar con la representación del Defensor de los Derechos del Niño creado por la propia ley, pero aún no funcionando, siendo una de sus principales tareas la de velar por el efectivo respeto de los derechos y garantías legales asegurados a las niñas, niños y adolescentes, promoviendo las medidas judiciales y extrajudiciales del caso; siendo su deber el de interponer acciones para la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes en cualquier juicio, instancia o Tribunal (art. 80 incisos “c” y “e” de la ley 5.357).

En definitiva, para la protección de los niños y niñas víctimas de violencia, es necesario por parte del Estado la garantía plena de sus derechos a través de los institutos creados por el propio legislador para hacerlos valer efectivamente.

(*) Juez de Cámara de Responsabilidad Penal Juvenil. Profesor adjunto de derecho penal II de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Catamarca.

Seguí leyendo

Te Puede Interesar