El escandalete que protagoniza la exintendenta de Fiambalá Roxana Paulón, abre interrogantes que trascienden su caso particular.
El escandalete que protagoniza la exintendenta de Fiambalá Roxana Paulón, abre interrogantes que trascienden su caso particular.
Estuvo al mando de una comuna distinguida por la asistencia de las arcas gubernamentales y no cumplió con la formalidad elemental de rendir cuentas durante al menos cuatro años y medio: segundo semestre de 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022.
No se sabe si rindió algo de 2023, pero con las faltas consignadas alcanza: Paulón no rindió un período entero de los dos que cumplió como intendenta de Fiambalá.
Cómo pudo pasar tanto tiempo sin que el Tribunal de Cuentas la intimara a ponerse al día es una pregunta. Otra: ¿Lo de Fiambalá en la era Paulón es un caso excepcional o habitual? Una tercera surge casi como corolario: ¿Cuántos municipios de la provincia tienen sus rendiciones de cuentas al día?
En cualquier caso, el Tribunal de Cuentas queda en el foco de la polémica.
Si lo de Paulón es un caso aislado, ¿por qué se le toleró demora tan prolongada?
Recién la emplazaron para ponerse al día en noviembre de 2023, cuando ya se estaba yendo. La pobre Roxana debe haber entrado en estado desesperación, urgida a ordenar los estados contables y juntar la documentación respaldatoria de 54 semanas de administración. Cómo no le avisan antes.
Tanto tiempo sin pedirle las facturas, quizás pensaba que había dejado de ser obligatorio.
Si Fiambalá no es un caso aislado sería casi peor.
Significa que el sistema de control del Tribunal de Cuentas es tan precario que un intendente puede pasarse cuatro años gastando a su antojo sin que nadie le pida explicaciones.
Esta circunstancia es especialmente tentadora en una provincia plagada de jefes comunales atornillados en sus cargos desde hace quinquenios, la mayoría de ellos exentos hasta de eventuales requisitorias planteadas por concejales impertinentes.
Más sugestivo se vuelve el asunto en cuanto se advierte que a Paulón recién la van a molestar cuando ha perdido el poder en Fiambalá, situación que la hermana con excolegas como el antofagasteño Carlos Fabián -que estuvo hasta preso-, el andalgalense José Perea –que prudentemente se hizo de los fueros de senador- o el santarroseño Elpidio Guaraz, al que lo condenaron por abuso sexual apenas unos meses después de dejar la intedencia de Bañado de Ovanta, en la que se pasó 16 años estragando presupuestos.
Sería saludable que estas incógnitas se despejen lo más rápido posible, porque los municipios del interior son autónomos para gastar pero no para recaudar y demandan millones de pesos del Tesoro provincial para solventarse.
Al concluir el primer semestre de este año, las transferencias habían superado los 10 mil millones de pesos, 4.926 de los cuales fueron para abonar la primera cuota del aguinaldo.
744 millones se destinaron para cubrir el transporte escolar de marzo, abril y mayo; 839 para asistencia social. Otros conceptos como aportes para bienes de capital, fondos educativos, zona desfavorable, entre otros, se llevaron más de 611 millones.
Excluyendo los aguinaldos, el paquete más importante fue para adquirir maquinaria y obras: $1.243.119.455 y $1.765.854.872, respectivamente.
¿Estarán todos con los papeles al día?