Por Hernán Letcher (Centro de Economía Política Argentina)
En octubre del año pasado La Libertad Avanza ganó las elecciones. El resultado fue 40,7% para el oficialismo que se impuso, además, en 14 provincias además de CABA ¿Qué pasó después de las elecciones? ¿Cuál fue el resultado de la confirmación en las urnas de las políticas impulsadas del gobierno de Javier Milei?
Precios. Luego de las últimas elecciones legislativas se dispararon los precios de los alimentos: entre noviembre y febrero (último dato disponible) se movieron al 14,7%, encabezados por la carne vacuna que, en promedio, pegó un salto de 28,1%. Algo parecido sucedió con las tarifas de electricidad y gas que, entre la suba y la quita de subsidios, promedió +23,1%. El transporte público, hizo lo propio en +14,4%, y el combustible, en 18,0%. En definitiva, la elección parece haber ejercido como una especie de carta blanca para la remarcación.
Los datos mencionados no incluyen el mes de marzo. Si se incluyera, en los cinco meses posteriores a las elecciones, los incrementos alcanzarían +18% en alimentos (+30% en carne vacuna), +30% en servicios, +20% en transporte y +43% en combustibles.
El caso de las naftas es paradigmático: su incremento fue significativo incluso para el propio gobierno. El peso del combustible sobre la inflación es de 4% de manera directa (el expendio de combustible) pero pega, además, sobre todos los productos del agro, de la góndola y en transporte. El impacto sobre la inflación es tal que Horacio Marín anunció que “la empresa va ayudar a los consumidores” con un buffer de precios que mantendría los valores actuales por 45 días. Lo hizo luego del incremento de casi 50% en las naftas y aclarando que “para YPF las ganancias van a ser exactamente igual, esto no es un control de precios” porque más tarde lo cobrarán: “luego de que pase el plazo, la empresa le pide a los consumidores que la ayude”. Es decir, cuando baje el precio internacional, no bajará el precio de la nafta en Argentina. Una gran ayuda...
¿Y los salarios? A la par del incremento de la inflación, el gobierno decidió mantener el tope de actualización salarial para homologar acuerdos, en 1%. En concreto, y dado que algunos gremios lograron superar esa pauta, el promedio de los salarios para el período noviembre-febrero se movió al 7% (relevamiento de convenios realizado por el observatorio paritario de CEPA).
El gobierno recién decidió mover la pauta de actualización (de 1% a 2%) cuando se consolidó una inflación cercana a 3%. Ese será el resultado del incremento de precios de marzo, por lo que la “buena noticia” es, en realidad, una confirmación del derrotero del salario real: pierde siempre.
Empleo. Luego de las elecciones, no sólo se mantuvo la destrucción de puestos de trabajo, sino que se aceleró su ritmo. La caída de puestos de trabajo registrados del sector privado sin estacionalidad pasó de un promedio de -6.592 entre enero y octubre de 2025 a -12.998 en promedio en el bimestre noviembre-diciembre (último dato disponible). En el sector público paso lo mismo: de -1.285 a -2.617 mensuales post elecciones.
La morosidad de las familias. Desde las elecciones, el ratio de irregularidad de créditos de las familias no paró de crecer. En el segmento créditos sector financiero, los incumplimientos pasaron de 7,8% en octubre a 10,6% en enero, mientras que el segmento de créditos no financieros alcanzó casi el 30% en el primer mes de 2026. Como anticipo: la cantidad de gente y el monto nominal de deuda total irregular volvió a pegar un salto en febrero, de entre 8% y 10%.
Las PyMes. La destrucción de empresas se mantuvo entre los 800 casos mensuales. Pero se tensionó fuerte la cadena de pagos: los cheques rechazados crecieron 83%, pasando de 179.305 en octubre de 2025 a 327.791 en febrero de 2026. Y se incrementaron sensiblemente los concursos de acreedores, entre ellos, el de Sancor y Frigorífico Pico (Paty) en la última semana, además del cierre de Cascasi, una histórica metalúrgica que realizó las pasarelas de Cataratas de Iguazú.
La caída de la recaudación de provincias. En promedio, el primer trimestre de 2026 mostró una caída de 6,1% en RON y -8,0% en Coparticipación. Además, en enero 2026 (último dato disponible) los Recursos de Origen Provincial, es decir, los derivados de impuestos provinciales, se redujeron 3,5% en términos reales
¿Qué está pasando? La caída del consumo impacta sobre la recaudación. Los Adelantos del Tesoro Nacional (ATN) no resuelven el problema: en 2025, en ninguna provincia los representaron más del 2% del total de sus recursos.
Los conflictos en cada provincia. Como el gasto provincial se concentra en salarios de docentes, personal de salud, fuerzas de seguridad, justicia y jubilaciones (representan, en promedio, entre el 70% y 80% del total erogado), la fuerte caída de la recaudación se tradujo en una multiplicación de conflictos en los sectores mencionados.
Desde inicios de 2026 se registraron al menos 92 conflictos laborales de trabajadores estatales en todo el país. El 80,4% siguen activos y no logran solucionarse, mientras que el 24,3% se resolvieron momentáneamente hasta la próxima negociación paritaria.
Todas las provincias mantienen conflictos abiertos y, en más de una, hasta 8 conflictos en simultáneo. En respuesta, el Gobierno nacional anunció —según Infobae— que oficializará por decreto un régimen de adelantos de fondos coparticipables para doce provincias (Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán), con un tope de $400.000 millones, sujeto a devolución a lo largo del año con una tasa del 15%.
En resumen, la dinámica ha sido la de un ajuste tradicional: la caída del consumo se reflejó en la retracción de transferencias por Coparticipación y en caída de recaudación de impuestos propios de las provincias. Ello tensionó las relaciones laborales en el sector público y generó recortes en salud, educación, seguridad social, seguridad y/o justicia. Como resultado, se multiplicaron los conflictos.
Para paliar el problema, el Estado nacional interviene proponiendo adelantos de coparticipación, que implican menores ingresos futuros y no reactivan la economía. Y concluye en una merma del poder de negociación de las propias provincias frente a la necesidad de recursos (de ahora en más, el gobierno nacional sólo negociará con la amenaza de no mantener el esquema de adelantos), por lo que, frente a una nueva retracción del consumo, vuelven a recortar. Una película conocida.