La decisión del Colegio de Bioquímicos confirma que, al fin de cuentas, el hilo (casi) siempre se corta por lo más delgado. Su presidente, Enrique Ocampo, anunció que en caso de que las obras sociales y prepagas no lleguen a los valores pedidos por los bioquímicos, la diferencia será trasladada a los afiliados de aquellas. Es como el plus médico: si los profesionales de la medicina consideran que lo que le pagan OSEP y el resto de las obras sociales no está al nivel de sus pretensiones, pues que terminen pagando los pobres afiliados, no importa si tienen o no el dinero para hacerlo. Dijo Ocampo: “La paciencia de los bioquímicos se ha agotado, tenemos que llegar a este tipo de medidas extremas, jamás en la historia del Colegio de Bioquímicos hemos querido cobrar ningún tipo de copago a los pacientes dado que ellos no tienen la culpa de esta situación”. Pero bueno, siempre hay una primera vez.
Así se resuelven fácilmente las controversias: cuando las obras sociales y las prepagas no quieren o no pueden pagar lo que los médicos o los bioquímicos consideran un ingreso acorde a sus necesidades, y los profesionales no quieren resignar sus pretensiones, el costo de las desavenencias recae en la parte más débil, que ni siquiera fue invitada a participar del debate, mucho menos a explicar si está en condiciones de afrontar el gasto que implica la decisión de los colegios profesionales. Muchos de los afiliados a las obras sociales y más los clientes de las prepagas –que padecen un descomunal aumento de las cuotas- terminan recurriendo y recargando la atención de la salud pública.
Corren tiempos en que lamentablemente se ha naturalizado y hasta justificado esta idea de que la mejor manera de resolver los conflictos es trasladando los costos a los sectores que, por encontrarse en una situación de vulnerabilidad, tienen menos capacidad de hacer oír su voz y reclamar. El gobierno nacional lleva adelante un ajuste que cae sobre todo en los sectores asalariados, formales e informales, jubilados, pensionados y pequeñas y medianas empresas ligadas al mercado interno. Otra vez el hilo se corta por lo más delgado.
Milei no castiga a los gobernadores cuando cancela las partidas del subsidio al transporte en las provincias: castiga a los usuarios del transporte público. No perjudica a los estados provinciales cuando retiene el Fondo de Incentivo Docente: perjudica a los trabajadores de la educación.
Pero no será eterna la tolerancia de los sectores que sufren en carne propia la pérdida vertiginosa del poder adquisitivo, o se quedan sin trabajo por la restricción de la obra pública o la caída del consumo que ya está produciendo el cierre de pymes y micropymes. Tal vez -y eso lo deberían entender las obras sociales, las empresas de medicina prepaga y los colegios profesionales que pretenden seguir ganando lo que creen que se merecen- los afiliados también tengan un límite para aguantar seguir pagando los costos de los conflictos irresueltos. n
