Una de las tantas iniciativas que el actual gobierno nacional anunció y cumplió a medias, es la del Consejo Económico y Social, una estructura que ya funcionó con mejor rédito en otras épocas del país. El Consejo Económico y Social (CES) fue concebido originalmente como un órgano de participación ciudadana para debatir y buscar consensos sobre prioridades estratégicas para el desarrollo del país.
La propia definición de su función destaca la importancia que, en teoría, tiene un órgano de estas características. En la práctica y por diversas razones –entre ellas la falta de voluntad de diálogo político maduro entre las fuerzas políticas hasta ahora mayoritarias en la Argentina, las expectativas quedaron a mitad de camino, como también las reuniones de gabinete en capitales alternativas, uno por provincia (en Catamarca fue nombrada la ciudad de Tinogasta como capital alternativa).
Ayer se anunció que el Consejo, que fue creado por decreto en 2021, presentó un proyecto de ley para avanzar en la formalización e institucionalización del organismo. De acuerdo con la información oficial, la iniciativa legislativa fue presentada por dirigentes sindicales, cámaras empresarias, científicos, organizaciones de la sociedad civil, autoridades universitarias y referentes de la economía popular, que conforman el CES.
En el decreto por el que se creó se especifican sus ambiciosos objetivos: analizar programas de gobierno y proyectos de leyes estratégicos, abrir un espacio de diálogo y cooperación entre los diversos sectores económicos y sociales del país, generar consensos amplios sobre prioridades estratégicas para el desarrollo nacional inclusivo, estimular un debate informado entre las diferentes visiones de los distintos sectores y enriquecer ese debate con información técnica y científica rigurosa, entre otros.
El decreto también establece que dentro del Consejo debe haber representantes de los sectores de los trabajadores y trabajadoras, del empresariado y referentes de organizaciones científicas, académicas y de la sociedad civil.
Ya se ha dicho en esta misma columna que las escasas coincidencias respecto de temas indispensables explica buena parte de las restricciones que la Argentina tiene para consolidarse como nación próspera y con una estabilidad a prueba de los vaivenes propios de la globalización. Las causas de esta carencia deben buscarse, por un lado, en la incapacidad para el diálogo que suele, salvo contadas excepciones, prevalecer en la dirigencia política nacional. Pero también en las dificultades de cada fuerza política que ha gobernado la Argentina para diseñar y ejecutar planes de carácter estratégico, proyecto de largo aliento que superen las contingencias de la coyuntura.
El gobierno que asuma en diciembre tendrá nuevamente la responsabilidad de generar las condiciones a los fines de que exista un diálogo constructivo para el diseño de políticas de largo plazo. Los fracasos de las últimas décadas y la irrupción de una alternativa que amenaza con dinamitar los puentes de diálogo con “la casta política”, es decir, con el resto de las fuerzas, no permite albergar demasiado optimismo para subsanar el problema del diálogo que falta.n